La que fuera directora de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha censurado este martes el uso "político" que "particularmente el PP", según afirma, ha hecho del caso audioguías, por el que dimitió en su día del cargo, y ha lamentado que se haya puesto al monumento en un "disparadero profundamente injusto" durante los ocho años que ha durado el proceso.
Sus declaraciones se producen después de que tanto ella como el resto de los acusados que componían la excúpula de la Alhambra hayan sido absueltos al no quedar acreditadas las irregularidades en el servicio de audioguías del monumento que se les atribuían y determinar la Audiencia de Granada que no se ha producido perjuicio económico para el monumento ni un beneficio personal injusto para el empresario que explotó el servicio, y que también ha sido absuelto de todos los cargos.
Villafranca ha lamentado en declaraciones a Europa Press que este asunto, "que en todo caso era algo puramente administrativo", llegara a la instancia penal, y que los acusados hayan tenido que esperar "tantos años" para esta absolución. "Al final nadie podrá nunca resarcirnos del daño realizado, de la reputación y de todos los ríos de tinta que esto generó".
"Yo dimití --en 2015-- para defenderme y para que la institución no sufriera", sostiene Villafranca, quien lamenta que por motivos políticos se pusiera al monumento "en un disparadero profundamente injusto" a través de ella. "En su conciencia lo llevarán", ha sentenciado.
Tanto la ex secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro, como el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M. V., han trasladado a Europa Press el "mal sabor de boca" que les deja el que esta absolución haya llegado después de ocho años, tanto por el "daño moral" como por el coste económico que les ha supuesto este proceso.
Chamorro, que ha estado representada por el abogado Jorge Aguilera, ha destacado el que se haya demostrado que siempre actuaron "pensando en el interés de la Alhambra" y que el tribunal haya evidenciado que "no existió fraude por parte de la empresa ni colaboración por parte del patronato con ella para delinquir o beneficiarla".
Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías la Fiscalía pedía la pena más alta, diez años de cárcel y multa de un millón de euros. Su abogado, Emilio Moyano, ha trasladado a Europa Press la "satisfacción" de su cliente después de que se haya demostrado que "más allá de que hubiera una mejor o peor gestión no hubo nada irregular y menos aún penal". "La sentencia --de 96 folios-- es clara y demuestra que no había nada de lo que las acusaciones querían ver", ha destacado.
