El PSOE exige a Marifrán Carazo que aclare los contratos que firmó e investiga la Fiscalía

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que explique los contratos presuntamente ilegales que firmó cuando estaba al frente de la Consejería de Fomento y que ahora investiga la Fiscalía.

El viceportavoz de los socialistas en el Consistorio, Jacobo Calvo, ha recordado que su partido ya denunció "el dedazo de Carazo" y ha pedido a la alcaldesa de Granada que aclare la presunta irregularidad de los contratos.

Lo ha hecho después de que la Fiscalía haya abierto diligencias para investigar la denuncia que interpuso el PSOE-A contra la Junta por la contratación de una empresa sin experiencia ni capacidad para realizar unas obras de emergencia en la provincia de Cádiz.

"De aquellos lodos estos barros", ha resumido Calvo, que ha añadido que los contratos investigados se firmaron cuando Carazo era consejera y tenía como director general a Enrique Catalina, actual concejal de Urbanismo de Granada.

El viceportavoz socialista ha calificado de inadmisible que Carazo no se haya pronunciado sobre esta contratación y ha aprovechado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene este viernes un acto en el Ayuntamiento de Granada para exigir explicaciones a los dos.

"Ni cien días en la alcaldía de Granada y volvemos a la peor versión del PP, otra vez a situar a Granada en el mapa de la corrupción", ha apuntado Calvo, que ha considerado que la apertura de diligencia genera una situación "intolerable".

El socialista ha apuntado además que su partido será cauto pero exigirá la verdad y ha recordado que la denuncia inicial partió del PSOE.

El PSOE andaluz presentó el pasado mes de mayo una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara mediante una fórmula de contratos de emergencia ya derogada de obras de emergencia en carreteras de la provincia de Cádiz valoradas en más de 4 millones.

La empresa fue contratada, según la denuncia, sin tener oficinas y sin estar en el Registro de Licitaciones de la Junta, ni haber acreditado su solvencia porque carecía de la calificación habilitante para recibir contratos públicos de más de medio millón de euros.