La Audiencia de Granada ha desestimado la petición de varios de los acusados de dividir en piezas separadas el caso Marchelo atendiendo a los diferentes hechos que se investigan en esta macrocausa de presunta corrupción urbanística, pues entiende que esta decisión "ni simplificaría ni agilizaría" este procedimiento, cuya instrucción se inició hace 15 años, "sino todo lo contrario".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia recuerda que la formación de piezas separas busca "simplificar y activar" los procedimientos, pero el caso Marchelo --en el que están procesadas 15 personas entre empresarios y políticos contra los que la Fiscalía ya ha presentado escrito de acusación-- está en un estado "muy avanzado", por lo que esta división de la causa "inexorablemente provocaría un importante e inaceptable retraso en su tramitación".
Las defensas de los investigados solicitaron que la causa se fragmentara atendiendo a los diferentes expedientes urbanísticos que se investigan, entre ellos, las supuestas irregularidades en el parque empresarial Marchalendín, la edificación de la urbanización Novosur y la tramitación y construcción de una gasolinera, pues entienden que estos asuntos no están conectados y que de no 'trocearse' en piezas separadas se complicará en gran medida la realización del juicio y la acción de defensa.
La Audiencia Provincial respalda no obstante la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe (Granada) de acordar la indivisibilidad de la causa para que "no se produzcan mayores dilaciones en unas actuaciones judiciales iniciadas en 2006 y en la que las diligencias de investigación se han realizado de manera globalizada".
Para la sala, el juez de instrucción mantiene así una "aspiración sumamente razonable" de "asegurar la prosecución de este procedimiento", en tanto que formar piezas "exigiría una retroacción de determinadas actuaciones" y lo dilataría, según se expone en el auto, contra el que no cabe recurso. Junto a ello, la Sección Primera de la Audiencia recalca que esta decisión atañe en todo caso a la "racionalidad de la actividad judicial" y no compromete las garantías procesales ni afecta a "derecho alguno" de los acusados.
En esta macrocausa están procesadas 15 personas entre empresarios y políticos, entre ellos el que fuera alcalde de Alhendín por el PP en el momento de los hechos, José Guerrero, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel; y el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, para quien la Fiscalía ha pedido 26 años de prisión; además de otros exediles y promotores. Se investigan, entre otros, presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y cohecho.
