Representantes de trabajadores y asociaciones que trabajan con migrantes que recolectan los frutos de los campos en Huelva han pedido a la Comisión Europea que les visite en persona para ver las condiciones en las que viven, "sin poder empadronarse en sus municipios y en chabolas de cartón y plástico sin electricidad o agua corriente".

Así se lo han reclamado este martes a miembros del gabinete del comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, con quienes han mantenido un encuentro para pedirles que "pasen de las palabras a los hechos" ante la situación de los trabajadores del campo de Huelva, un sector que genera millones de euros en beneficios y tiene un peso relevante en el PIB andaluz.

El grupo, que compareció en rueda de prensa, recordó que ya el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, se había referido a la situación en los asentamientos como algo que nunca había visto "en los peores campos de refugiados del mundo".

"Tenemos un problema en el que los trabajadores migrantes, ya que no está bien hablar de temporeros porque no lo son, viven en condiciones que ni el ganado", resumió el eurodiputado Manu Pineda (IU), que acompañó al grupo en su paso por Bruselas.

"Hemos pedido a Comisión Europea que tome cartas en el asunto. Han sido receptivos, lo han visto inaceptable, pero pedimos que pasen de palabras a los hechos, que vayan al terreno para que lo vean", añadió Pineda (IU).

Los miembros del gabinete de Schmit se han comprometido, dijo el eurodiputado, a trasladar al comisario la invitación a visitar la zona, y, aunque han planteado "inspecciones" que puede emprender Bruselas si no las hacen las autoridades nacionales o locales, también les han reconocido que tienen escaso margen de maniobra en el caso de los migrantes que no tienen contrato.

"Trabajaremos en que, si la Comisión accede a visitar la zona, les acompañemos con una misión (de diputados) lo más amplia posible geográfica e ideológicamente", aseguró el diputado.

Desde la Asociación de Malienses de Mazagón, Abdoulaye Sanogo tildó la situación de "no saludable" y advirtió de que muchos de los migrantes en esta situación "están perdiendo la cabeza" por vivir sin luz, agua corriente o no poder empadronarse en el municipio.

"No pueden saber el sufrimiento que pasa la gente que está viviendo allí", advirtió Sanogo, que reivindicó el derecho de estas personas a entrar en el padrón, tener un alojamiento digno y a que "miren cómo están sufriendo allí".

Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, lamentó que "no haya voluntad política de solucionar" una situación que dura ya 25 años, donde "la gente muere en chabolas porque es el único sitio que les queda" y ni siquiera se les recogen las solicitudes de empadronamiento en el consistorio.

"Empadronar es que se les reconozca como ciudadanos y eso no da votos. No les interesa tener ciudadanos extranjeros, fundamentalmente de asentamientos, empadronados", denunció Suárez, que lo consideró aún más grave al tratarse de un sector que genera, dijo, millones de euros.

Y el presidente de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, atribuyó la situación a un "racismo social e institucional que asume que a personas de ciertos orígenes se les puede tener en condiciones indignas".

"Esto solo se entiende si se mira origen y rasgos éticos de estas personas. Pedimos al Parlamento Europeo y a Europa que se impliquen en hacer esto un tema de la agenda política", pidió.