Los consejeros andaluces de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, mantendrán este miércoles sendas reuniones con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que se abordará la situación de Doñana y pedirán que se acometan obras hidráulicas de interés del Estado que ayuden a paliar la sequía.

Objetivos diferenciados por las competencias que ostenta cada consejero y que por ello se expondrán en reuniones separadas, ha explicado este martes en rueda de prensa Fernández-Pacheco, también portavoz del Gobierno andaluz, que ha remarcado que persigue tener una reunión "lo más cordial posible" y "tender puentes" en aras de crear "el ambiente propicio para que podamos trabajar juntos en beneficio de Doñana".

Fernández-Pacheco se reunirá por videoconferencia a las 17.00 horas con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien también mantendrá otra reunión a las 11.00 horas con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, sobre obras hídricas.

Este encuentro fue anunciado hace una semana por la Junta, que sostuvo entonces que su propósito era "toda la predisposición al acuerdo" tras esgrimir que, una vez superado la fase de la efervescencia informativa que rodea cualquier iniciativa sobre el Parque Nacional de Doñana, "se necesita un gran pacto". Todo ello tras la polémica por la iniciativa en la pasada legislatura, no culminada legislativamente, sobre la ampliación de regadíos en la Corona Norte del parque, y que generó tensión con el Ejecutivo central.

Ya en lo referido a la titular de Agricultura, el encuentro con Morán girará en torno a la petición del Gobierno andaluz de que se acometan obras hidráulicas de interés del Estado, muy especialmente para que avance la desalación y presas "importantísimas" para la comunidad como la de Rules o Siles y, sobre todo, la de Alcolea.

"Si la presa (de Alcolea) estuviera hecha, en las anteriores lluvias -producidas en las últimas dos semanas--hubiéramos recogido 160 hectómetros cúbicos en esa presa que no nos dejan finalizar", ha sostenido Crespo, que ha agregado que también solicitará más fondos Next Generation, "especialmente" para las fugas de agua. A este respecto, Crespo ha indicado que este año hay en los embalses andaluces 220 hectómetros cúbicos menos que el año pasado por estas fechas.

El pasado 30 de noviembre el Gobierno presentó en Almonte el Marco de Actuaciones para Doñana, iniciativa que fue objetivo de polémica con el Gobierno andaluz, por cuanto acusó al Estado de presentar de forma pública la iniciativa sin haber contado previamente con la Junta.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó a alcaldes, representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos e investigadores ese Marco de Actuaciones para Doñana, dotado con 356,3 millones de euros, de los cuales se prevé que 118 millones, el 33%, estén ya en ejecución durante 2023, dentro de la pretensión expresada por el Gobierno de recuperar el funcionamiento ecológico del espacio.

Las medidas se centran en la gestión de los recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación socioambiental del territorio y la mejora del conocimiento.

La vicepresidenta argumentó en la presentación que el crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, ha provocado "un grave impacto en las aguas subterráneas", de forma que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero (Rocinas, Almonte y Marismas) han sido catalogadas como "en mal estado".

Teresa Ribera explicó que uno de los pilares del Marco de Actuaciones son las medidas orientadas a asegurar una "buena gestión" del dominio público hidráulico mediante la vigilancia constante, la eliminación de riegos ilegales y el seguimiento de los consumos legales.

Para ello se dedicarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales -210 cerrados ya-, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial.

Además, se destinan 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas. Entre estas medidas destacan la sustitución de aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos por aguas superficiales que permitirá recuperar el nivel de la masa de agua.