La situación del agua en Doñana ha sido objeto de un complicado debate a lo largo de 2022 y lo sigue siendo ahora en 2023, más cuando se ha vuelto a presentar una Proposición de Ley que plantea la regularización de regadíos en el entorno. Por ello, no es de extrañar que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, haga una mención especial a la gestión del agua en Doñana en su informe anual de actividad del año 2022, presentado este lunes.
Así, en el apartado de Protección de la biodiversidad y de los recursos naturales, y en concreto sobre la gestión del agua, se muestra tajante sobre la posibilidad de modificar el mapa de los regadíos en el entorno de Doñana.
El Defensor del Pueblo considera que “reconocer nuevos usos del agua, incluidos la legalización de regadíos irregulares, ignorando la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea y el ciclo hidrológico, no resulta congruente con el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional”.
El informe pone el acento en que ya en el verano y otoño de 2021 se puso de manifiesto que “las extracciones de aguas destinadas al riego ilegal, así como el abastecimiento de Matalascañas, continuaban poniendo en riesgo las masas de agua subterránea de las que se nutren las lagunas superficiales y que constituyen el soporte fundamental de la riqueza ecológica del Espacio Natural de Doñana, todo ello agravado por la sequía”.
Ante este escenario, ya en el 2022 el Defensor recibió información detallada por parte de la entidad competente en la gestión del agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en alusión a nuevas concesiones de agua, sanciones impuestas y pozos ilegales. “Su conclusión es que el estado global de las masas de agua subterránea Almonte, Marismas y La Rocina no varía con respecto al descrito en el plan hidrológico y se califica como malo”, apunta el informe.
Un escenario complicado “a pesar del progreso alcanzado en los últimos años, fruto de la aplicación de las medidas previstas en el plan hidrológico (vigilancia por teledetección y guardería, apertura de procedimientos sancionadores, sustitución de aguas subterráneas por superficiales y adquisición de derechos)”.
Por ello, el Defensor desaconseja totalmente la legalización de más regadíos y confía en que el Marco de Actuaciones para Doñana, anunciado a finales de 2022 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “pueda llevarse a cabo con la máxima celeridad”.
Crítica política
De otro lado, la presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha criticado este lunes en rueda de prensa la Proposición de Ley de PP y Vox de modificar y regularizar nuevas áreas de regadío en el entorno del Parque Natural de Doñana, que presentaron el día 3 de este mes y ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
La máxima responsable de Más País Andalucía ha sostenido que esta iniciativa “esconde un profundo oportunismo político”, por cuanto ha considerado que “está enfocada a confundir a los propietarios y productores de la zona justo en momentos previos a las elecciones municipales, y la supervivencia de Doñana no puede depender de los cálculos electorales en la zona de la derecha y ultraderecha andaluzas”.
