La Autoridad Portuaria de Huelva se ha puesto las pilas en los últimos meses tras su suspenso rotundo en transparencia. Ya lo advertía la plataforma colaborativa Dyntra, cómo así informaba Viva Huelva en su edición de este lunes, y también lo corroboró el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
En este caso, se trata de un organismo público independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
A finales de 2022 publicó un informe con los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de 75 entidades integrantes del sector público institucional. En este informe, el Puerto de Huelva se situaba a la cola, en el puesto 60, obteniendo una puntuación total de 34,5 sobre 100, siendo la primera evaluación a la que se enfrentaba del CTBG.
En dicho informe, el Consejo de Transparencia analizaba el grado de cumplimiento por parte del Puerto onubense de las obligaciones impuestas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIB). Al respecto, afirmaba que el índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) alcanzaba un 34,5% de cumplimiento.
“La falta de publicación de informaciones obligatorias -solo se publica el 36,2% de las informaciones sujetas a publicidad activa-, el recurso a fuentes centralizadas o al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado para la publicación de algunas informaciones del bloque de información económica, así como la falta de referencias a la fecha en que se revisó o actualizó la información por última vez explican el nivel de cumplimiento alcanzado”, detallaba el Consejo de Transparencia en su informe.
La evaluación del CTBG se hace en base a cuatro áreas y en dos de ellas el Puerto de Huelva obtuvo un cero, es decir, su Portal de Transparencia no facilitaba ninguna información al respecto. Se trata de la información de relevancia jurídica y la información patrimonial.
En sus conclusiones y recomendaciones, el CTBG resaltaba que, entre otras informaciones, debía publicarse la relación de bienes inmuebles propiedad de la APH o sobre los que tiene algún derecho real.
Un tercer apartado hace referencia a la información económica, presupuestaria y estadística. En este caso, la puntación obtenida era muy baja, 27,7 sobre 100. En este punto, el Consejo de Transparencia enumeraba una larga lista de información que no se facilitaba, tal como las modificaciones de los contratos adjudicados, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, los informes de auditoría o de fiscalización realizados por el Tribunal de Cuentas, o información relativa a los convenios.
Por último, un cuarto punto hace referencia a la información institucional, organizativa y de planificación. Aquí es el único área en el que el Puerto de Huelva obtuvo un aprobado, aunque raspado, con un 55,7.
Revisión
Tras este suspenso claro, la Autoridad Portuaria de Huelva decidió ponerse las pilas de cara a la revisión del cumplimiento de las recomendaciones a la que iba a ser sometida en el año 2023.
En esta revisión, que aún no ha sido publicada por el Consejo de Transparencia pero que ha sido facilitada por el Puerto a Viva Huelva, la puntuación mejora notablemente, pasando del 354,5 obtenido en 2022 a 81,8, lo que hace que en sus conclusiones el CTBG destaque que “no puede menos que valorar muy positivamente la evolución del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva”.
El Índice de Cumplimiento ha aumentado 47,3 puntos porcentuales, lo que supone un 137% respecto a 2022, y se han aplicado el 80% de las recomendaciones hechas, 16 de las 20 que enumeró el CTBG en su primer informe.
No obstante, el Consejo de Transparencia apunta que sigue faltando información en el Portal de Transparencia de la Autoridad Portuaria de Huelva: la información estadística sobre contratación no se desagrega según procedimiento de licitación, no se publica información sobre las encomiendas de gestión ni de las subcontrataciones derivadas, ni se publican los informes de auditoría y fiscalización elaborados por el Tribunal de Cuentas.
