La mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha evitado que se perdieran en la provincia 3.288 horas de trabajo por huelgas desde que comenzó el año. En concreto, en cuatro de los siete procedimientos tramitados efectivamente previos a la huelga y que implicaban a 59 trabajadores y cuatro empresas, se logró acuerdo, lo que ha supuesto un 57 por ciento de avenencias.

   En declaraciones a Europa Press el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, Eduardo Muñoz, ha recalcado "la importante labor" que este servicio, adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha desarrollado durante los últimos años y que se ha traducido en más de 2,1 millones de horas evitadas de huelga en la provincia desde el año 2000, lo que ha repercutido directamente en la actividad de 6.900 empresas y 77.000 trabajadores.

   En total y desde que comenzó el año, el Sercla ha tramitado de forma efectiva 44 expedientes de conflictos colectivos laborales que afectaban a 18.144 trabajadores y 903 empresas, de los cuales se ha resuelto con acuerdo un 37 por ciento de los casos. En concreto, de las 16 avenencias alcanzadas este año se han beneficiado 846 empresas y 11.836 trabajadores de la provincia.

   Por tipo de conflicto, el organismo adscrito a la Junta recibió un mayor número de expedientes con casos previos a la vía judicial, en un  81 por ciento de los casos, seguido de los casos previos a huelga, con un 17 por ciento.

   En cuanto a las motivaciones, el 25 por ciento de los que se tramitaron correspondieron a impago de salarios; el 50 a diferencias en la aplicación e interpretación de convenios colectivos, y el 25 por ciento restante a la negociación del convenio, interpretación o aplicación de normas laborales y modificaciones de condiciones de trabajo.

   Respecto a las principales actividades económicas que protagonizaron los expedientes presentados en el Sercla, un 23 por ciento corresponden a empresas de la construcción; un 20,45 a actividades administrativas y servicios auxiliares y un 11,36 a empresas de hostelería y otro tanto a administraciones públicas.

   A su vez, un nueve por ciento a tanto a empresas de transportes y almacenamiento; otro nueve por ciento a industrias manufactureras, y el resto a actividades de agricultura y pesca, de suministro de aguas, saneamiento y gestión de residuos, de comercio y de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.