El presunto asesino de la niña onubense de 16 meses, Jonathan Moya, va a ser enjuiciado en febrero ante un juzgado de lo Penal de Almería acusado de estafar con la venta de un turismo de alta gama, que supuestamente adquirió de manera fraudulenta de segunda mano y vendió por 5.000 euros a una tercera persona en mayo de 2008.
Moya González, en prisión comunicada y sin fianza desde el pasado día 30 por el secuestro y muerte de la bebé, hija de su compañera sentimental, se enfrenta a una petición fiscal de 18 meses de prisión. El Ministerio Público interesa, asimismo, que indemnice al comprador del vehículo con 5.000 euros.
Según se recoge en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Jonathan Moya, de 25 años, planeó en mayo de 2008 una operación de compraventa de un coche de segunda mano "con la intención de obtener un lucro ilícito".
Con este objetivo, se puso en contacto con un vecino de Huércal de Almería que tenía a la venta un turismo marca BMW por 9.000 euros y cerró un acuerdo. El día 7 de ese mes, firmó en una gestoría de este municipio "un contrato de venta y un justificante provisional de la transferencia", por lo que el vendedor procedió a "entregar el coche al acusado "que habría de hacer el ingreso de 9.000 euros en su cuenta ese mismo día".
El fiscal resalta que, "lejos de ello y de acuerdo con el plan preconcebido", Jonathan Moya González, en poder del turismo, contactó con una tercera persona "que sabía que estaba interesado en la compra de un modelo BMW" y se lo ofreció a cambio de 5.000 euros.
El acusado, según relata el escrito, llegó "a un acuerdo verbal" con el comprador, que le entregó en dinero pactado aunque "luego no pudo hacer la transferencia del turismo por estar a nombre" de su anterior propietario, que finalmente lo pudo recuperar al serle entregado por la Guardia Civil.
El Ministerio Público lo considera autor de un delito de estafa e interesa la pena de un año y seis meses de prisión. La vista oral está señalada ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería en dos sesiones que se celebrarán los días 18 y 25 de febrero.
Jonathan Moya, de 25 años, fue detenido el pasado mes de julio acusado de otros doce delitos de estafa que cometió, al parecer, haciéndose pasar por agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 decretó su ingreso en el centro penitenciario provincial el día 14 aunque no consta cuando se dictó su puesta en libertad condicional.
CONDENAS PREVIAS
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hecho público este miércoles que el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., el otro de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
El Alto Tribunal ha trasladado que el auto dictado por la jueza Marta Inés Sierra, quien ordenó el inicio de los trámites para la ejecución de la citada sentencia firme en noviembre de 2011, es un resolución "habitual" cuando las penas no superan los tres años de cárcel.
El TC inadmitió a trámite el recurso de amparo de Raúl R.F. a "finales del pasado mes de noviembre" y el traslado de la decisión no llegó al Juzgado de lo Penal número 4 hasta "mediados de diciembre de 2012". Cabe recordar que la bebé fue secuestrada el día 20 de ese mismo mes por Jonathan Moya y que su cuerpo sin vida fue recuperado del interior de una balsa de riego el día 28.
Según la sentencia, Raúl R.F. sometió a su novia, de tan solo 15 años de edad, durante un año y medio de relación entre 2008 y 2009 a "frecuentes" agresiones físicas y verbales en las que le propinó "puñetazos en la barriga y bofetadas" al tiempo que se dirigía a ella en términos vejatorios y con insultos. Además, controlaba "su forma de vestir y la relación con sus amigas".
A Raúl R.F., en prisión provisional comunicada y sin fianza por el asesinato de la bebé Miriam desde el pasado día 29, le consta además otra condena en firme previa por agredir de "forma brutal" a un joven en el interior de una discoteca de la capital almeriense de madrugada. En este caso, el Juzgado de lo Penal número 1 le condenó en 2010 a la pena de seis meses de cárcel y al pago de 4.000 euros a la víctima por las lesiones causadas.
CRIMEN
El segundo de los imputados por el crimen de la bebé Miriam fue detenido horas después de que se produjese el arresto del principal imputado por su rapto y muerte, su amigo Jonathan Moya, de 25 años.
La niña de 16 meses, que permaneció en paradero desconocido durante ocho días tras ser raptada por el que entonces era el compañero sentimental de su madre, fue encontrada sin vida el pasado día 28 en una balsa de riego ubicada junto a una vía de servicio de la A-92 y a apenas 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado Jonathan Moya.
Según los datos del informe preliminar de la autopsia realizada por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), la bebé falleció de, al menos, un "golpe en la cabeza" en un periodo comprendido de "dos a cinco" atrás desde del hallazgo del cadáver, por lo que se remitieron muestras de tejido hasta el Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar el momento exacto en el que se produjo la muerte.
Jonathan Moya González indicó a los agentes de la Policía Judicial en el transcurso del interrogatorio tras su detención dónde se encontraba la menor aunque no facilitó datos sobre cómo y cuándo se produjo su muerte.
La madre de la bebé interpuso en Gérgal la denuncia por el presunto secuestro a las 20,00 horas del 20 de diciembre y relató a los agentes que su pareja sentimental, a la que señaló como Jonathan Moya, se había llevado "todas sus pertenencias" y a su hija de 16 meses tras mantener una "fuerte" discusión. Se activó entonces un amplio operativo, integrado más de un centenar de agentes con apoyo de medios aéreos y terrestres de la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de la menor.
