La Junta de Andalucía ha asegurado este miércoles, tras la concentración de los sindicatos ante la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, que realiza "un importante esfuerzo" por dar cumplimiento a la Ley de Dependencia y, específicamente dentro de ella, garantizar la financiación del servicio de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes y la Diputación de Huelva en el resto de la geografía provincial. Se trata de una "prioridad absoluta" para el Gobierno andaluz, han matizado desde la administración regional en una nota.
   Fruto de esta "apuesta" es que, pese a los recortes y el objetivo de déficit impuestos a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central, la Junta acaba de realizar un pago de 3,5 millones de euros a entidades locales onubenses que va destinado a su vez a las empresas que se ocupan de ofrecer la ayuda a domicilio a las personas beneficiarias. En este sentido, desde la administración andaluza se valora "la gran profesionalidad de los trabajadores de estas empresas y la notable labor que realizan".
   A este último pago se suma además que, con vistas al presente ejercicio, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha suscrito convenios de colaboración con los consistorios de municipios con población superior a 20.000 ciudadanos y las diputaciones provinciales para llevar a cabo esta prestación, que en 2013 cuenta con una inversión total de 287 millones de euros. Durante 2012, la partida consignada por la delegación territorial de Huelva para este capítulo ha ascendido a 23,3 millones de euros.
   Por ello, señalan que a diferencia del "compromiso" demostrado por la Junta, desde el Gobierno central "se ha reducido durante los dos últimos años en 214 millones de euros la aportación a Andalucía para dependencia". Esto implica que, en la actualidad, "la administración autonómica asume el 80 por ciento de la inversión frente a sólo el 20 por ciento del Estado".
   De hecho, para compensar los "recortes" impulsados desde el Ejecutivo nacional, la Junta ha aprobado en los presupuestos de 2013 una partida de 2,6 millones de euros más al año para atender a las personas en situación de dependencia, elevándose a 1.108 millones la inversión total con que cuenta la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. También este año la Junta ha acordado la distribución de 10,3 millones de euros enfocados al mantenimiento de los trabajadores sociales que están contratados como personal de refuerzo para el desarrollo de este derecho.
   Todo ello pone de relieve una vez más que Andalucía es la comunidad autónoma que "más defiende" la aplicación de la Ley de Dependencia, aglutinando a día de hoy por encima del 25 por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España. En cuanto a la ayuda a domicilio, concentra al 40 por ciento del total. Para dar respuesta a esta situación, la Junta ha invertido desde la entrada en vigor de la norma más de 4.500 millones de euros en su cumplimiento, "multiplicando por siete la cantidad asignada en los últimos cinco años".
   A juicio de la Junta, en el lado opuesto se encuentra el Gobierno central que, además de reducir "drásticamente" la financiación a las comunidades autónomas, "ha limitado la aportación económica a las cuidadoras, priorizando el modelo residencial frente a los cuidados en el entorno de la persona en situación de dependencia, eliminado su cotización a la Seguridad Social y disminuido las horas de ayuda a domicilio", así como "retrasado" hasta 2015 la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación para las personas con dependencia moderada.
   Destacan que incluso desde el ministerio se ha ido más allá y se están introduciendo cambios en la normativa para "dificultar el acceso de la ciudadanía a este derecho, burocratizando en exceso el procedimiento, lo que supone nuevas trabas en la aplicación de la ley y una invasión de las competencias de las comunidades autónomas".
   Se trata, en definitiva, de una derogación velada de la propia norma por parte del Gobierno, que persigue "el desmantelamiento progresivo de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar".