Trabajadores del sector de la dependencia en la provincia de Huelva (ayuda a domicilio y geriátricos), convocados por los sindicatos CCOO y UGT, se han concentrado este miércoles frente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para reclamar a las administraciones más compromiso con el sector de la dependencia, el cual se enfrenta a "recortes y impagos".
   En declaraciones a los periodistas la responsable de la Secretaría de Acción Sindical, Sectores Privados, Fundaciones y Empresas Públicas Empresariales de CCOO en Huelva, Carmen Marchena, ha lamentado que el Gobierno y la Junta pretendan "desmantelar el sistema de la dependencia", el cual emplea a unas 3.000 personas en la provincia, en su inmensa mayoría mujeres.
   Con esta concentración han querido protestar por "la terrible situación personal que los impagos de la Junta les está provocando" a los empleados de este sector, al tiempo que ha remarcado que "la Junta está mintiendo descaradamente cuando afirma que está manteniendo la dependencia ya que la administración autonómica no cumple con su obligación de financiar el 50 por ciento de los costes, acumulando unas deudas insostenibles con las empresas que finalmente acaban pagando los trabajadores que llevan meses sin cobrar".
   Ha recordado que el marco jurídico para el desarrollo de la Ley de la Dependencia indica la obligación del Estado y de las Administraciones Autonómicas de financiar estos programas al 50 por ciento.
   A su juicio, "este reparto de obligaciones se quebró cuando esta partida se redujo en un 26,3 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 aprobados por el Gobierno del PP". Una vez aprobados los presupuestos, "la Junta de Andalucía hizo pública su intención de asumir la parte que había recortado el Gobierno Central con la intención de mantener el sector en la comunidad".
   Sin embargo, según ha explicado Carmen Marchena, "la afirmación es falsa, ya que durante estos meses la Junta de Andalucía no sólo no ha compensado ese 26,3 por ciento que ha recortado el Ejecutivo, si no que, lo que es mucho más grave, no ha cumplido con sus obligaciones marcadas por ley de financiar el 50 por ciento".
   En esta misma línea se ha expresado la coordinador de la Dependencia de UGT en Huelva, Estrella López de la Rosa, que ha hecho hincapié en la importancia de "defender a los empleados de un sector muy vulnerable" y ha remarcado que las administraciones deben comprometerse con "el mantenimiento de la dependencia".
   Así, según ha asegurado Marchena, "la dejadez y falta de responsabilidad de la Junta se muestran en las deudas que ha contraído con las empresas del sector, que alcanzan los seis meses de atrasos con los geriátricos, y de casi un año en la ayuda a domicilio".
   Más allá, hace referencia a ejemplos concretos en que "algunas empresas sí cumplen sus compromisos con los trabajadores como Sarquavitae y NEMO, que están al día con sus plantillas, y sin embargo acumulan impagos de la Junta de millones de euros, algo insostenible que provocará la inviabilidad de las mismas, y el despido de los trabajadores".
   Ha criticado, finalmente, "el riesgo de desmantelamiento del sector de la dependencia, lo cual supondría abandonar de facto la cobertura que las administraciones deben dar a los más desfavorecidos".
   En su opinión, "es el momento de abrir un debate serio sobre las líneas rojas que no debemos cruzar si queremos conservar un modelo social basado en la solidaridad y apoyo a los más desfavorecidos, y el desarrollo de la Ley de Dependencia es un punto clave en este aspecto, que debería estar contenido en el tan renombrado Pacto por Andalucía que tiene la obligación de dar soluciones reales a los problemas de los andaluces como es el que se deriva de esta situación, y no ser un mero documento político vacío de contenido".