La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años de inhabilitación y una multa de 3.050 euros para el alcalde de Bollullos Par del Condado, el independiente Francisco Díaz, por un delito de desobediencia a la autoridad al no dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los hechos que dan lugar a esta causa se remontan al 20 de enero de 2009 cuando en un pleno municipal se declararon inválidos los contratos de unos 40 trabajadores contratados por el antecesor de Díaz en el cargo, con derecho a recibir una indemnización como "despidos improcedentes".
Sin embargo, según señala el fiscal, posteriormente a dichos ceses, "se contrataron por parte del Ayuntamiento a otras personas, mediante contratos de distintas cualificaciones, para ocupar los puestos de trabajo que aquellos habían dejado libres".
Ante esta situación, varios de esos trabajadores formularon demandas por despidos improcedentes y se declararon "nulos por discriminación" los despidos acordados en pleno.
También se condenó al Ayuntamiento a su readmisión y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su readmisión.
Pese a que por parte del Ayuntamiento de la localidad se anunció la interposición de recursos contra varias de las sentencias dictadas, la representación procesal de los distintos trabajadores solicitó en cada uno de los procedimientos que se exigiera el cumplimiento de lo resuelto en las respectivas sentencias.
Considera el fiscal que, a pesar de eso, Díaz "ha hecho caso omiso de estos requerimientos" sin cumplir lo dispuesto en las referidas resoluciones judiciales, de forma que estos trabajadores ni han sido readmitidos ni indemnizados.
Asimismo, recuerda que como el acusado ya en 2010 no daba cumplimiento a las sentencias, se convocó una comparecencia ante el juzgado en relación a todas las ejecutorias indicadas, dictándose un auto en el que se declaraba al alcalde como responsable de realizar cuantas gestiones fueran necesarias y oportunas para dar cumplimiento a estas sentencias, en un plazo de un mes.
Especifica la Fiscalía que todo ello se hizo "bajo apercibimiento expreso de que, de no dar cumplimiento a la expresada resolución, nuevamente se deduciría testimonio de los particulares" por si pudiera haber incurrido en infracción penal.
Esto finalmente se ha hecho y el fiscal ha presentado escrito de acusación al considerar que Díaz es responsable de un delito de desobediencia de autoridad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.
