El vicepresidente del Congreso de los Diputados y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha lamentado que el PP haya rechazado la Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista, donde pedían al Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, que "no aceptara el borrador de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial". Sin embargo, "el PP con sus votos ha tumbado la propuesta socialista", lo que apunta, según Barrero, que "pretenden seguir adelante con sus planes".
   En una nota, Barrero, que ha defendido la PNL del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso, ha recordado que "este borrador propone la eliminación de cinco de los seis partidos judiciales de Huelva". Así, se eliminarían los de Valverde del Camino, Ayamonte, Aracena, La Palma del Condado y Moguer, "salvándose del recorte sólo el de Huelva para centrarlo así todo en la capital". Además, "el borrador incluye la desaparición de los juzgados de paz y de las audiencias provinciales", ha añadido.
   Según el dirigente socialista, este borrador que presenta el Gobierno central "reduce la tutela judicial efectiva a un problema económico" y supone "una rebaja de un servicio público básico". "Lo que se hará es desmantelar el sistema", puesto que "muchos ciudadanos no podrán desplazarse desde su pueblo hasta la capital", ha subrayado.
   De este modo, Barrero ha exigido al Ejecutivo de Rajoy "diálogo y consenso" para que "todos sean escuchados", tanto los profesionales del sector como las comunidades autónomas. Para Barrero, "si se sigue adelante, se vulnerarán competencias de las comunidades autónomas amparadas por la Constitución Española, por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Estatuto andaluz".
   Asimismo, ha asegurado que "tienen que llegar a acuerdos en temas como la carga de trabajo que pueden soportar las sedes judiciales" porque, por ejemplo, en la provincia de Huelva la población de la costa "se multiplica por diez en verano". Además, ha remarcado que "Andalucía tiene una extensión de más de 87.000 kilómetros cuadrados y casi 8,5 millones de habitantes para lo que hay un total de 85 partidos judiciales y la propuesta del Gobierno los reduce a ocho".
   Por todo esto, ha instado al Ejecutivo central a que "no lleve a efecto este borrador y se tenga en cuenta las singularidades de los territorios".