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Jueves 14/11/2024
 
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Huelva

La Junta pide al Gobierno que reclame a Fertiberia que cumpla la sentencia sobre los fosfoyesos

La consejera ha explicado que es el Gobierno central el que tiene las competencias en este asunto, pues afecta a una zona de dominio público-marítimo terrestre

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La Junta ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que reclame la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia a restaurar el área de las balsas de fosfoyesos en la marisma onubense, después de que hayan pasado dos años sin que se haya actuado.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha explicado que ella personalmente ha remitido una carta al ministro Miguel Arias Cañete en el que le hace esa petición y se pone a su disposición para "trabajar coordinadamente".

En noviembre del año pasado la Junta de Andalucía abrió expediente sancionador a la empresa Fertiberia por no presentar en plazo el proyecto para la recuperación de esas balsas que durante 40 años acumularon fosfoyesos en las marismas de Huelva, después de que el último plazo que se le dio para ello se agotara en septiembre.

La empresa presentó alegaciones a dicho expediente, que le puede costar una multa de entre 24.000 y 240.000 euros, y en estos momentos, según ha indicado Serrano, se está "en proceso de terminar su estudio".

La consejera ha explicado que es el Gobierno central el que tiene las competencias en este asunto, pues afecta a una zona de dominio público-marítimo terrestre, tal y como reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional que puso fin a un proceso judicial en el que la Junta no fue parte.

"Es al Gobierno a quien corresponde la ejecución e instar para que la empresa cumpla con lo mandatado por la sentencia", ha insistido la consejera, quien ha asegurado que, pese a esto, "desde la Junta se va velar para que se cumplan nuestras leyes ambientales".

Fertiberia debe recuperar las balsas de fosfoyesos para cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba caducada la autorización para depositar este producto en la marisma de Huelva y obligaba a la restauración de la zona.

La empresa formalizó en julio de 2011 el aval por 21,9 millones exigido por dicha sentencia como salvaguardia en caso de incumplimiento del plan director para la recuperación de las balsas.

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