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Viernes 15/11/2024
 
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Huelva

La Junta destina 860.000 euros al concierto de 68 plazas en la residencia de mayores de Cartaya

La delegada del ramo, Lourdes Martín, ha visitado estas instalaciones, gestionadas por la Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, con la finalidad de respaldar la labor de este centro

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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destinado en 2013 cerca de 860.000 euros al concierto de 68 plazas en la residencia de mayores de Cartaya (Huelva) para prestar cobertura a usuarios del Sistema de Dependencia en esta provincia.
   Según ha informado la Junta en una nota, la delegada del ramo, Lourdes Martín, ha visitado estas instalaciones, gestionadas por la Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, con la finalidad de respaldar la labor de este centro, que ofrece a las personas residentes una atención integral a sus necesidades y demandas las 24 horas del día, los 365 días del año, además de promover su autonomía personal y retrasar la evolución de la dependencia.
   De este modo, Martín ha comentado durante el encuentro, enmarcado en una ronda de contactos de responsables autonómicos con los diferentes dispositivos y recursos incluidos en la red del Sistema de Atención a la Dependencia en Huelva, que la Junta de Andalucía está realizando un importante esfuerzo por el mantenimiento de estos servicios y garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los mismos.
   En este sentido, la comunidad autónoma aglutina en estos momentos el 25 por ciento del total de personas con derecho a la Ley de Dependencia en España y el 35 por ciento a nivel nacional de usuarios de la ayuda a domicilio, mientras que casi 186.000 andaluces se benefician de teleasistencia, más de 10.000 en el caso de la provincia de Huelva.
   Asimismo, desde que entró en vigor la norma ha duplicado el número de plazas concertadas tanto en residencias para mayores como en unidades de estancia diurna.
   Se trata de unos datos, según a comentado Martín, que "reflejan que la Junta está comprometida con la aplicación y continuidad de la ley, a diferencia del posicionamiento del Gobierno central, que en los últimos años ha reducido en 314 millones de euros su aportación a Andalucía en este ámbito". "Esto obliga a que sea la administración autonómica la que tenga que hacer frente a su financiación, asumiendo a día de hoy el 72 por ciento total ante el 28 por ciento del Estado, cuando la distribución debería ser equitativa", ha añadido.

MÁS ACTUACIONES
   Además de los programas propios vinculados a la Ley de Dependencia, más de 64.000 mayores onubenses se benefician de las ventajas que ofrece la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, entre las que se encuentran descuentos en el transporte interurbano, los comedores de los centros de día o la adquisición de gafas y audífonos, así como el acceso al Servicio Andaluz de Teleasistencia y bonificaciones en actos culturales, recreativos y de ocio. Este documento llega ya al 80 por ciento de las personas mayores en Andalucía, que también tienen a su disposición el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita.
   Igualmente de reseñables son las políticas que desde la Junta se están realizando para promover el envejecimiento activo de la población, impulsando diferentes medidas que fomentan envejecer saludablemente y de manera participativa y enriquecedora.
   Se trata de "una apuesta" que ha contado con el reconocimiento de la Unión Europea, que designó en 2013 a la comunidad como lugar de referencia para el envejecimiento activo. Las referidas políticas tienen como espacio de desarrollo los centros de día, que conforman la denominada red andaluza de centros de participación activa para personas mayores. En este mismo apartado se encuentran el programa de turismo social para personas con menos recursos, las aulas universitarias o el examen de salud para mayores de 65 años.
   La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está trabajando también en el Plan de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, cuya finalidad es la de disminuir la prevalencia e incidencia de discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de dependencia, así como mejorar y mantener la calidad de vida de las personas en situación de dependencia o con riesgo de padecerla.

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