Un juzgado de Sevilla ha finalizado la instrucción de la causa y ha dictado auto de procedimiento abreviado por un delito de coacciones contra seis familiares y amigos de Ruth Ortiz, madre de los dos hermanos asesinados en Córdoba por su padre, que han sido denunciados por Rafael Bretón, hermano del asesino.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el juzgado de instrucción 5 de Sevilla ha dictado auto de procedimiento abreviado y ha remitido la causa a la Fiscalía de Sevilla para que presente su calificación de los hechos.
El hermano de Rafael Bretón, José Bretón, fue condenado a 40 años de cárcel por la Audiencia de Córdoba, en un fallo confirmado hoy por el Tribunal Supremo.
Los imputados son familiares y amigos de Ruth Ortiz, acusados por las concentraciones que llevaron a cabo frente a la vivienda de Rafael Bretón en Tomares (Sevilla) y por acosarle a él mismo y sus hijos, tras la desaparición de los hermanos cordobeses, de 6 y 2 años.
Los hechos denunciados ocurrieron durante varios días de mayo y junio del 2012, cuando los familiares de Bretón fueron seguidos incluso cuando llevaban a sus hijos a la guardería y los imputados no solo no dejaron al margen a los menores de edad, sino que incluso les hicieron objeto de increpaciones, según dictaminó la Audiencia de Sevilla.
Rafael Bretón denunció que llevaba sufriendo una situación de acoso desde tiempo atrás y que el 28 de mayo, desde las 21.35 horas hasta las 22.15, un grupo de personas se congregó en la puerta de su casa con micrófonos y gritando en voz alta contra él, su mujer y sus hijos menores, e incluso una persona se introdujo en el patio y dejó un cartel con las fotos de sus sobrinos desaparecidos.
Los congregados les insultaron con términos como "monstruos" y se dirigieron a los niños diciendo "¿Dónde están tus primos? Lo sabe tu padre", por lo que la familia se vio obligada a dormir fuera de su casa, según recogió la Audiencia.
Los imputados declararon en abril pasado en un juzgado de Huelva, donde residen, y en la mayoría de los casos reconocieron los hechos que les imputaban, según informó entonces el abogado de la acusación particular.
Los delitos que les imputan son de coacciones y contra la integridad moral, penados con condenas de entre seis meses y tres años de cárcel, en el primero de los casos, y de seis meses a dos años en el segundo.
