Hasta siete juzgados andaluces investigan ya el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, con excepción de la provincia de Jaén, en las siete provincias andaluzas restantes ya hay un juzgado de Instrucción en concreto que ha abierto diligencias previas por este supuesto fraude y su posible afección a la provincia en concreto.
Al hilo de ello, las mismas fuentes han precisado que, en el caso de Sevilla, es el Juzgado de Instrucción número 16 --el mismo que investiga, entre otros, el caso Invercaria-- el que ha abierto diligencias por este supuesto fraude en los cursos de formación, diligencias que se encuentran bajo secreto sumarial.
Asimismo, en Málaga es el Juzgado de Instrucción número 8 el encargado de la investigación; mientras que en Almería es Instrucción 4; en Granada, el Juzgado de Instrucción número 1; en Huelva, el número 5; en Cádiz, Instrucción número 3, y, por último, el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.
DETENCIONES
De este modo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, ya hay un juez instructor investigando el supuesto fraude en cada una de las provincias andaluzas, con excepción de Jaén, todo ello "de acuerdo con la investigación de la UDEF".
La pasada semana, cabe recordar que agentes de la UDEF detuvieron a varias personas en las provincias de Málaga y Granada en relación con este presunto fraude en cursos a parados.
Las pesquisas de centraron inicialmente en Málaga, donde la UDEF detectó irregularidades en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias de las subvenciones, tras lo que la Fiscalía solicitó al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente estas irregularidades; "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
El Ministerio Público decidió remitir el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que se investigase y llevasen a cabo diligencias de pruebas, al estimar el fiscal que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen "se desprenden indicios de responsabilidad penal".
EL CASO DE MÁLAGA
Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía malagueña.
La Fiscalía de Málaga acordó en mayo de 2013 iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. En informes posteriores se aludía a la falta de control de esas ayudas.