Indefensos, estafados e incomprendidos. Así es como se sienten Valentin Milanov y Petranka Nikolova, un matrimonio búlgaro que desde este lunes está durmiendo en la calle tras ser desahuciado de la vivienda donde residían en régimen de alquiler en la capital onubense.
Han llamado a mil puertas y ninguna se ha abierto hasta ahora, y más allá de los perjuicios para su salud y la inseguridad que implica vivir en la calle, lo que realmente preocupa a este matrimonio es no tener un domicilio en el que poder recibir las notificaciones judiciales, ya que han emprendido una guerra contra su orden de desahucio al entender que son víctimas de una “indefensión total judicial”.
Valentin es autónomo y Petranka ha trabajado varios años en la campaña de la fresa pero actualmente está en paro. Llegaron a Huelva en 2010, y desde 2012 residían en una vivienda de la capital onubense, donde alquilaron una habitación, hasta que fueron desalojados el pasado 20 de enero.
Según explican a Viva Huelva, sólo pagaron cinco meses de alquiler porque “le pagábamos a una de las inquilinas, pero cuando le solicitamos que nos diera un justificante de pago para poder demostrar que estábamos al día en el alquiler, vinieron los problemas”.
Este matrimonio asegura que recibió amenazas, pero que se negó a pagar más, y unos meses después, en noviembre de 2012, “se fueron todas las inquilinas del piso y nos quedamos solos, pero la chica a la que pagábamos el alquiler se llevó todos los mandos de la casa y hasta la llave del buzón”.
Un aspecto, este último, muy importante, ya que un año más tarde, en junio de 2013, y siempre según su versión, un juzgado onubense emite un auto de desalojo del que no tienen noticia a tiempo para defenderse porque “no teníamos acceso a nuestro correo”.
Finalmente, logran retrasar el desahucio, pero no impedirlo, pues se produjo el pasado día 20,a pesar de haber recurrido al Ayuntamiento capitalino, a la Diputación de Huelva, a la Subdelegación del Gobierno, a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional, etc. Todo ello sin respuesta alguna.
Ante esta situación, de verse en la calle tras pasar tres días en el albergue municipal pero tampoco lograr una prórroga de su estancia, denuncian que han sido desalojados “sin nuestra presencia, sin abogado ni asistencia jurídica gratuita, y sin traductor autorizado”.
De hecho, aseguran que han sufrido “más de cuatro años de obstáculos burocráticos, violaciones de las leyes, de nuestros derechos e intereses como ciudadanos europeos, trato ofensivo y discriminación”.
Ellos siguen con su lucha para combatir lo que creen que es una injusticia, pero mientras tanto, urgen a las administraciones a que les faciliten una vivienda social, y apelan a la solidaridad ciudadana para que los acojan de manera temporal si las administraciones no responden a su llamada, pues “necesitamos un domicilio para seguir con el proceso judicial”, que han elevado hasta el Tribunal Constitucional.