La Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales atendió el año pasado en Andalucía a 11.965 menores para evitar posibles desamparos que acarrearían la separación de sus familias, a través del Programa de Tratamiento Familiar.
Se trata de un programa que la junta desarrolla en colaboración con las corporaciones locales de municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, según se ha puesto de manifiesto en la presentación de la memoria de actividad del programa, a la que ha asistido la Jefa de Servicio de Prevención y apoyo a la familia de la Consejería, Pilar Hidalgo.
En su intervención ha destacado que los equipos de tratamiento familiar (ETF) han permitido preservar la integridad de las familias en una media del 85 % de los casos atendidos en Andalucía, evitando que se tuvieran que llevar a cabo en éstos medidas de protección dirigidas a la población infantil en situación de riesgo y, por tanto, se separase a los hijos de sus progenitores.
Durante 2014 los 143 equipos de tratamiento que se reparten por toda la comunidad autónoma, conformados por más de 450 profesionales y 90 coordinadores, han trabajado con 6.265 familias, realizando intervenciones preventivas con una doble finalidad.
Por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo.
Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron.
Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se han adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
