El alcalde de La Nava, Francisco Fernández (PSOE), se enfrenta a dos años de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en relación con una serie de licencias de obras irregulares concedidas al dueño y posterior arrendatario de una finca ubicada en parque natural.
El alcalde se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que juzga además al que fuera su concejal de Urbanismo, F.R., a la mujer de éste, M.T.M.P., al arquitecto municipal S.G. y al agente de medio ambiente L.P.
Para el edil y su mujer se solicitan las mismas penas que para el alcalde, mientras que los otros dos suman a estas cinco años y tres meses de cárcel por delitos de falsedad documental y cinco años de inhabilitación para sus profesiones.
Fernández, en su declaración, ha insistido en que su actuación se ajustó a la legalidad y que se limitó a adoptar decisiones en función de "lo que decían los técnicos" y ha asegurado que en las ocasiones que supo que había irregularidades en las obras que se estaban ejecutando en la finca, ubicada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, propiedad del concejal de Urbanismo y su esposa, las paralizó.
Los hechos por los que han sido juzgados tuvieron lugar entre 2006 y 2009 cuando el concejal de Urbanismo y su mujer solicitaron licencia de obra para la rehabilitación de una nave agrícola destinada a almacén en la finca 'Las Cabrillas' de su propiedad, para poder obtener una subvención.
Sostiene el fiscal que el alcalde la concedió en octubre de 2007 "a sabiendas de que la solicitud no había cumplido el procedimiento establecido, movido por la amistad con aquellos para beneficiarlos económicamente" y a pesar de que las obras ya estaban terminadas, no había informe jurídico previo y estaba acompañada de un proyecto realizado por un arquitecto que el acusado S.G. usó sin autorización de éste y simulando su firma.
Además, la solicitud se acompañó de un informe que el agente de medio ambiente acusado, amigo de los propietarios, realizó pese a no corresponderle por demarcación y faltando a la verdad de los hechos.
En julio de 2010, el concejal y su mujer volvieron a solicitar una nueva licencia para la reforma y adecuación de la nave que tenían alquilada a la empresa Vista Servicios de Logística para la prueba y análisis de vehículos Audi, repitiéndose el mismo procedimiento anterior; como también ocurrió con una tercera solicitada en octubre de 2010.
Pese a que el alcalde ha negado los hechos, el que ha sido arquitecto municipal hasta hace un mes los ha reconocido, sobre todo en lo que concierne a las dos últimas licencias y ha precisado que tanto él como el regidor y el concejal de Urbanismo actuaron así porque creían que "era bueno" para el municipio que la empresa se quedara en la localidad, ya que generaría en torno a 40 empleos.
"Hubo error en las formas, algo de lo que me arrepentiré siempre, pero creíamos que el buen fin iba a justificar los medios", ha dicho, reconociendo que todo se hizo para "agilizar los trámites para que la empresa pudiera quedarse" a sabiendas de las irregularidades y confiando en que las obras podrían legalizarse con la modificación del PGOU.
