El portavoz del colectivo de recolocables de Astilleros de Huelva, Braulio Cabalga, se ha pronunciado este jueves sobre la resolución de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de solicitar a la Junta que presente el expediente administrativo relativo al caso de los astilleros onubenses, de manera que, si en el plazo de diez días no lo efectúa, se podrá sancionar a la autoridad o al funcionario responsable con una multa de 300 a 1.200 euros.
En declaraciones a Europa Press, Cabalga ha remarcado que esta resolución judicial supone "un paso más" en el transcurso de la demanda presentada por el sindicato UGT contra la Junta ante el "incumplimiento" por parte de la administración del protocolo suscrito con los agentes sociales en 2010 para los recolocables de Astilleros tras el cierre de la planta naval onubense.
Así, ha recordado que de los 54 recolocables quedan 24 pendientes de una recolocación que no llega y por tanto, ha expresado su confianza en que los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz trabajen en pro de una respuesta para este colectivo.
Además, ha señalado que, además de la vía judicial, espera que la vía parlamentaria sea efectiva y ha hecho alusión a la reunión de este pasado mes de julio en el Parlamento en la que representantes sindicales de Delphi, Astilleros de Huelva y Santana Motor se reunieron con los cinco grupos del Parlamento andaluz para abordar sus conflictos laborales.
El colectivo de recolocables de Astilleros, tras un parón en el mes de agosto, ha retomado las concentraciones semanales -los martes ante la Delegación de la Junta y los jueves en el Ayuntamiento- para dar visibilidad a su situación y que se les dé una solución, así como mantener la cohesión entre los afectados.
