Facua-Consumidores en Acción ha trasladado a la Fiscalía de Huelva la documentación que pone de manifiesto "las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas" desde la planta de Electroquímica Onubense, propiedad en el momento en que se produjeron las citadas filtraciones de la empresa Ercros.
   Según ha informado Facua en una nota de prensa, la asociación ha tenido conocimiento de dicha documentación a través de la información publicada en eldiario.es, que recoge que la empresa era "plenamente consciente de la contaminación que estaba produciendo y decidió ocultarlo a las administraciones competentes".
   "Todos los hechos relatados en la noticia mencionada, así como la documentación a la que esta asociación ha tenido acceso, implica que pueda interpretarse que nos encontremos ante la posible comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", recoge el escrito remitido por la asociación a la Fiscalía.
   "Y todo ello --continúa el reporte de Facua-- sin mencionar los posible delitos contra la salud pública que la supuesta adulteración de aguas subterráneas pudiera haber producido en el caso de que se hayan destinado a consumo humano o al tratamiento de productos alimenticios".
   Señala que Ercros tuvo conocimiento de que "la contaminación había pasado de los terrenos de la planta química a las aguas subterráneas, al menos, dos años antes de notificarlo a la Junta de Andalucía en 2013", de manera que "la fábrica no hizo caso a la Consejería de Medio Ambiente cuando le requirió por vía oficial que le indicara cuál era su red de medición y se limitó a facilitar una información parcial que no reflejaría los vertidos al acuífero".
   La planta, pegada a la ría del curso fluvial y rodeada por espacios naturales como el parque nacional de Doñana o las Marismas del Odiel, ya no pertenece a Ercros; es propiedad de la sociedad Salinas del Odiel desde julio de 2015.
   Facua recuerda en su escrito que los vertidos a aguas subterráneas están penados por cárcel, multas e inhabilitación de acuerdo a los artículos 325 y 327 del Código Penal y pide a la fiscalía, por tanto, que investigue las actuaciones que se desprenden de la documentación publicada para establecer si existe o no delito en este caso.