La propietaria de la vivienda de la que la semana pasada fue desahuciada una familia en Ayamonte (Huelva) en alquiler desde 1976 por una deuda, según ellos "falsa", de tres meses de alquiler en 2012, ha defendido la legalidad de su actuación en el caso.
En un comunicado remitido por la familia de la propietaria del inmueble, su familia, tras mostrar su "más absoluto respeto a las decisiones judiciales", hace un relato de los hechos que comenzaron en octubre de 2013, cuando requirió el pago de varios recibos, entre ellos del IBI, de la renta de los meses de febrero, marzo y abril de 2012 y la subida del IPC de las rentas.
Ante el silencio de la inquilina, se interpuso demanda de desahucio en enero de 2014, fundándose en la falta de pago de lo requerido, elevándose la cantidad reclamada a los 886 euros.
Antes del juicio en los juzgados de Ayamonte "se le comunicó a la inquilina que podía pararlo si hacía frente al pago" pero no lo hizo, dictando el juez sentencia a favor de la demandada, lo que llevó a la propietaria a recurrirla ante la Audiencia Provincial que le dio la razón, en febrero de este año, estimando íntegramente la demanda de desahucio y condenando a la inquilina a dejar el inmueble por falta de pago".
Algo que se produjo la semana pasada, cuando esta familia, después de 40 años, tuvo que dejar su vivienda, al hacerse firme la sentencia, ya que no ejecutó la posibilidad de recurrir al Supremo.
En la demanda inicial, precisa el comunicado, se aportaban, entre otros, dos documentos facilitados por la entidad bancaria relativos a la cuenta de la propietaria en la que constan los ingresos realizados por la inquilina referentes al pago de las rentas e impuestos de 2000 a 2013, y en los que faltan los pagos de las rentas reclamadas; en uno de ellos la entidad bancaria "omitió estampar el sello de la misma".
Frente a lo que sostienen los desahuciados de que la deuda que se le reclama es "falsa" y de que la propietaria ha "manipulado" ese documento, algo por lo que la tienen demandada por falsedad documental, explica la familia de la propietaria que se ha aportado al juzgado de Ayamonte en la que se tramita esta demanda un documento "con el mismo contenido sellado por la entidad bancaria y que demuestra que no existe falsificación alguna".
Tras puntualizar que los inquilinos sólo interponen demanda y "se acuerdan de ese documento" cuando la sentencia de la Audiencia se hace firme, inciden en que "si fuera cierto lo que sostienen, de que ingresó la renta de los meses reclamados, ella sabrá entonces cuando y en qué cuenta fueron ingresados" porque en la cuenta de la propietaria no aparecen.
Por último, han querido dar las gracias a "aquellos que les han mostrado su respeto por la sentencia de la Audiencia", entendiendo que "la misma debe ser justa y conforme a la ley".
