Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía se han incautado de hasta 2.283 kilogramos de marisco de talla no reglamentaria y, por tanto, ilegal y no sujeto a control sanitario en diversos operativos llevados a cabo durante la última semana. En concreto, se han decomisado 2.040 kilogramos de chirla y 243 de coquina en el marco de una serie de actuaciones desarrolladas en centrales logísticas, en carretera y en el mar que, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, se han saldado también con la inmovilización de un rastro remolcado y de una embarcación recreativa que realizaba labores de pesca con redes sin licencia y con el levantamiento de un acta a una draga hidráulica por faenar en la Zona C de la Reserva Pesquera del Guadalquivir fuera del horario establecido para ello.
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, quien ha recordado que ya se intervinieron otros 3.000 kilogramos de chirla inmadura procedentes de las localidades onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría y del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda entre los días 4,5 y 6 de octubre, ha advertido, en este sentido, de que este “incumplimiento sistemático” de la normativa trae consigo la esquilmación del caladero y supone, por tanto, no sólo un riesgo para la salud pública, “algo ya de por sí muy grave”, sino también una amenaza “muy seria” para la sostenibilidad de una actividad profesional de la que dependen en Huelva 600 familias, sin obviar el “incalculable” perjuicio ambiental. No en vano, el pasado domingo, en línea con lo establecido por el paquete sanitario de la Comisión Europea, se tuvo que proceder al cierre de cinco zonas de producción al resultar “imposible” la toma de las muestras necesarias para el control sanitario ante la ausencia de recursos de talla comercial.
Pedro Pascual Hernández, ante esta situación “insostenible”, ha reiterado la llamada a la responsabilidad y a la sensibilización de toda la sociedad, desde el propio sector hasta la restauración y los consumidores, puesto que “si nadie comprara marisco al margen de la línea de trazabilidad, sin etiquetado y de talla no reglamentaria nadie lo capturaría para su comercialización ilegal”, ha apostillado. Para el delegado territorial, “si no ponemos todos de nuestra parte, por mucho que intensifiquemos el control y vigilancia, como hacemos a través de los Servicios de Inspección Pesquera con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, no será posible alcanzar el reto social, económico y ambiental de la regeneración del caladero”.
Seguridad alimentaria y sostenibilidad
Junto a las labores de inspección y control, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima. También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos.
De igual modo, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
