El Ayuntamiento de Huelva, formaciones políticas como Mesa de la Ría, IU o EQUO y asociaciones conservacionistas como WWF han anunciado que presentarán alegaciones al proyecto de Fertiberia para restaurar las balsas de fosfoyesos de la marisma de Huelva al coincidir en que se queda corto.
El proyecto, así como su evaluación de impacto ambiental, han sido sometidos a información pública por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que da un plazo de 30 días, a contar desde ayer, para presentar dichas alegaciones.
El proyecto contra el que ahora se puede alegar y que no acaba de convencer opta por el confinamiento de los fosfoyesos, en lugar de su traslado, y abarca la clausura de las zonas 2 y 3 de todo el espacio con el que contaba Fertiberia vía concesión, así como la restauración de determinadas partes de la zona 4. Quedan, por tanto, fuera una parte de la zona 4 y las zonas 1 y 5. La fase de clausura, que se divide en tres fases, se desarrollará durante diez años, y la fase de vigilancia contempla un periodo de 30 años.
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que todas las alegaciones que se presentarán “irán encaminadas y serán compatibles con el objetivo principal que tenemos en Huelva, en la Mesa de Partición y con los trabajos del comité de expertos”.
“Entiendo que Fertiberia en cumplimiento de su responsabilidad y en el marco de un procedimiento judicial, hace lo necesario para cumplir con la sentencia de la Audiencia Nacional, pero nosotros tenemos un objetivo más ambicioso, la recuperación para Huelva de las 1.200 hectáreas que ocupan las balsas”, ha dicho en relación a que el proyecto de la empresa sólo contempla 720 hectáreas.
Según el alcalde, “aquello que no nos guste se pondrá de manifiesto, lo que entendamos no se ajusta a derecho o a nuestras aspiraciones también, y seguiremos trabajando en paralelo, porque objetivo es sacar adelante la restauración en función de la decisión que se tome en la mesa de participación”.
Por su parte, la Coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Pepa Beiras, ha informado de que esta formación va a presentar alegaciones y adoptará más medidas para evitar que Fertiberia “se salga con la suya, llevando a cabo un proyecto de mínimos que no va a servir para restaurar las marismas al completo a su estado original, como toda Huelva quiere”.
Además, este mismo martes IU ha registrado la petición de comparecencias urgentes en el Congreso de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y en el Parlamento andaluz del consejero José Fiscal, para que expliquen “qué piensan hacer sus respectivos gobiernos ante el proyecto”.
Por su parte, Mesa de la Ría también presentará alegaciones, que acompañará con el mayor número de firmas ciudadanas posibles que está recogiendo en una campaña que ya suma 20.000 apoyos, y ello porque considera que el confinamiento de los residuos no es la opción adecuada, pues supondrá “el enterrado de los vertidos en la marisma para siempre”. También presentará un escrito para que cada ciudadano, a título individual, pueda manifestar las alegaciones que estime.
En la misma línea, la responsable del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, ha indicado que también harán llegar al Ministerio sus apreciaciones sobre el proyecto por entender que “aunque se han incorporado mejoras, éstas no son suficientes” y al considerar que el objetivo principal del mismo ha de ser que “la marisma cumpla con la que es su función natural, prevenir inundaciones y amortiguar temporales”.
Comité de expertos
Por su parte, EQUO también ha anunciado alegaciones por estar en contra del “tapado” de los fosfoyesos. También ha solicitado la convocatoria “urgente” de la Mesa de los Fosfoyesos para que, entre otras cuestiones, el comité de expertos “explique sus avances y presente un informe que sirva de base a las alegaciones”.
El PP no presentará alegaciones al proyecto y se remite al comité de expertos, mientras que la Junta y el PSOE coinciden en criticar al Gobierno por iniciar la fase de información pública sin consultar al Gobierno andaluz. Así, el consejero Fiscal ha recordado que las leyes estatales establecen un procedimiento “claro” de coordinación para la ejecución de manera conjunta de las declaraciones y autorizaciones ambientales. Es precisamente la Junta quien debe tramitar la Autorización Ambiental Integrada, pero aún no tiene ni el proyecto.
