La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la inmigración irregular entre Marruecos y España, cuyos miembros secuestraban a sus víctimas y extorsionaban a sus familiares a quienes pedían rescates de entre 350 y 700 euros para su liberación, cuando ya habían cruzado el Estrecho.
La denominada operación Yarabi, que durante los últimos cinco meses ha desarrollado la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva con colaboración de las de Cádiz, Madrid y Sevilla, ha permitido la detención de dieciséis personas, las últimas ocho ayer, una en Huelva y siete en la localidad onubense de Moguer, municipios en los que se llevaron a cabo seis registros domiciliarios.
En rueda de prensa, el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha indicado que el resto de detenciones se han practicado a en la provincia de Cádiz.
Ha señalado que durante estos meses, alrededor de trescientas personas han sido traídas irregularmente por esta organización a España -dieciséis de ellas menores-, y en el operativo se han incautado de 132 kilos de hachís, 16.435 euros, 17 móviles y dos vehículos.
La investigación comenzó en octubre de 2016, a raíz de la llegada de varias pateras con inmigrantes a la costa de Barbate (Cádiz).
Durante la fase de investigación, según ha explicado el teniente coronel, se han acreditado al menos ocho desembarcos de inmigrantes en las costas andaluzas de los que era responsable esta red, que en cada viaje trasladaba a entre 30 y 45 personas, así como determinadas cantidades de hachís.
Los inmigrantes pagaban previamente a la organización 1.200 euros.
Una vez en la costa, miembros de la red recogían a los inmigrantes, les retiraban sus teléfonos móviles y enseres personales, y los trasladaban fundamentalmente a localidades de la provincia de Huelva, aunque algunos fueron llevadas a otras puntos de España, donde eran retenidos en pisos.
A sus familias se les reclamaba entre 350 y 700 euros para su liberación.
Se estima que esta actividad ilícita ha reportado en el último año unos beneficios que alcanzan los 350.000 euros a los miembros de la organización, a los que se les atribuyen los delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, secuestro, extorsión, contra la salud pública, abandono de menores y simulación de delitos.
