El sindicato CSIF va a registrar este martes un escrito en la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para solicitar "la cobertura inmediata" de las plazas vacantes en el Servicio de Protección de Menores, en concreto, de las plazas de trabajo social, psicología y licenciado en Derecho contempladas y dotadas en la Relación de Puestos de Trabajo.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Huelva, Manuel Antonio Conde del Río, expone que, tras realizar el sindicato varias visitas al Servicio de Protección de Menores de esta Delegación, y considerando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ha detectado que la situación en dicho departamento es "muy grave".

Desde el CSIF señalan que la situación que se constata en el Servicio es "muy grave" debido a "la acusada falta de personal que existe actualmente y que se viene arrastrando desde 2011". Han recordado que, en un inicio, dicho Servicio contaba con cuatro unidades tutelares, todas completas.

De este modo, en dicha fecha, "por existir ya déficits en alguna de ellas, se decide eliminar una, pasando a completar las demás". Desde entonces y hasta la actualidad, como indica CSIF, "el Servicio cuenta con tres Unidades Tutelares de las cuales sólo una con trabajador social y psicóloga. Las otras dos sólo tienen un técnico, una cuenta con un trabajador social y la segunda con un psicólogo".

Además de éstas, existe la Unidad de Centros con un trabajador social y una educadora, "a falta de una pedagoga, mientras el Departamento de Acogimiento y Adopción Internacional es el único que cuenta con todos los técnicos (tres trabajadores sociales y una psicóloga).

CSIF ha remarcado que todas las Unidades Tutelares deben contar con un titulado superior licenciado en Derecho y "tan sólo existe una persona para todo el servicio quedando desbordada en sus funciones".

A juicio del sindicato, "la falta de personal incide directamente en la salud laboral de los propios trabajadores, tanto por el estrés y las cargas emocionales que generan las propias tareas que realizan al tratarse de un colectivo de especial sensibilidad, como por el volumen de trabajo que soportan diariamente, llegando a realizar el trabajo de casi tres personas".

"Son procedimientos que requieren celeridad, eficacia e idoneidad, sometidos a plazos y que requieren de una responsabilidad que se escapa en muchas ocasiones de sus propias competencias, que por otro lado, la Administración les exige y a los que se llega con demasiado esfuerzo gracias a la calidad humana y al propio desgaste de los trabajadores", ha continuado el sindicato.

CSIF ha indicado que en diciembre de 2016 se contrató por un periodo de seis meses a tres licenciados en Derecho y dos psicólogos como medida de urgencia, dentro de un Plan de Choque que finaliza este próximo mes de mayo "sin posibilidad de prórroga, lo cual devuelve el problema a su situación inicial pero agravado ya que los trabajadores han realizado un sobreesfuerzo para enseñar a estos compañeros, quienes una vez han entendido la dinámica de trabajo, deben de marcharse".

Por otro lado, según han puntualizado, los procedimientos ya iniciados por estos trabajadores quedan paralizados ya que al no estar las personas que los iniciaron, "se obliga a reiniciar su instrucción, por lo que es de prever que muchos de ellos caduquen por este motivo y por el déficit de personal".

Asimismo, se han de tener en cuenta los concursos de méritos y traslados vigentes, que serán resueltos a corto plazo y que afectarán "seriamente" al funcionamiento del Servicio, "ya que una de las Unidades existentes quedará sin efectivos y ello puede suponer el cierre de otra Unidad Tutelar más". En la Relación de Puestos de Trabajo viene establecido un número de plazas para dar cobertura a todo el servicio, las cuales se corresponden con las unidades que inicialmente existían.

Desde CSIF, entienden que esta situación es "muy grave y que requiere una respuesta inmediata" por parte de la administración, "que en ningún caso debe pasar por planes de choque, sino que ha de ofrecer una cierta estabilidad en el tiempo, además de una cobertura inmediata".

Este sindicato reivindica el uso de las bolsas de interinos existentes, en base a lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, en lo referente al procedimiento de selección y nombramiento de personal interino en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, ya que de otro modo, cobertura a través de artículo 30 del Decreto 2/2002, dichas plazas han quedado desiertas.

RESPUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, desde la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales han reiterado "el compromiso" de la Consejería para reforzar la plantilla del Servicio de Protección de Menores de Huelva a fin de "garantizar una adecuada atención a la ciudadanía". Prueba de ello es "el plan de choque que se ha puesto en marcha para cubrir los puestos que eran necesarios".

En este sentido, han indicado que es verdad que la Ley de Contratos del Sector Público sólo permite que dicho plan de choque tenga seis meses de duración, por lo que "desde la Delegación se están promoviendo todas las acciones dentro de sus competencias para garantizar la cobertura de las plazas cuando finalice este plazo".

Al respecto, están articulando todas las medidas que tiene la administración autonómica para ello, como son el artículo 30, la bolsa de interinos o el concurso de traslados. Asimismo, se están estudiando otras alternativas en caso de que éstas no sean efectivas.

Por último, también han recordado las dificultades de la administración para encontrar funcionarios que elijan como destino el Servicio de Protección de Menores, "dadas las particularidades específicas que tiene la labor que desarrolla este departamento".