El Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado dejar sin efecto el llamamiento del alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero (PP), en calidad de investigado por la operación 'Termyca' contra la corrupción municipal que desde 2016 investiga contratos vinculados a las consultoras Efial y CGI.

En rueda de prensa, Romero ha informado de que ayer le fue notificado el auto judicial en el que se ponía en su conocimiento la decisión del titular del juzgado y ha precisando que se adopta esta decisión "sin perjuicio de que se continúe investigando".

Ha explicado que dicho auto es consecuencia de un informe del Ministerio Fiscal en el que da cuenta de que él es diputado en el Congreso de los Diputados, por lo que la competencia para tomarle declaración es del Tribunal Supremo.

Por otra parte, Romero ha recibido otro auto del mismo juzgado en el que da cuenta de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, que, en relación con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, pone de manifiesto que que "existen sospechas de que se podían haber llevado a cabo trabajos por la entidad Colaboración Tributaria Andaluza (CTA) -del grupo CGI- por unos elevados importes sin que existiera relación contractual que amparara dicha contratación".

Se señala como posibles responsables de estas actuaciones a Carmelo Romero y al representante de la empresa con la que se realizó el contrato.

El alcalde de Palos ha recordado que en julio de 2016 respondió al requerimiento efectuado por el juzgado instructor remitiéndole el expediente sobre esta contratación.

"Cuando vino la Policía Judicial nos requirieron únicamente el contrato de 2015, si bien le reseñamos que el juez debería saber la existencia de otros dos contratos, uno de 2013 y otro de 2014", ha dicho el alcalde, que ha señalando esta cuestión para explicar por qué la policía puede advertir "falta de relación contractual".

Sobre lo elevado de las facturas, ha apuntado, que "la facturación de la empresa viene respaldada por el contrato que establece que cobraría un porcentaje en relación con lo recaudado tras su labor de inspección tributaria".

Teniendo en cuenta este último auto, y a pesar de que el juez ha desestimado llamarlo a declarar como investigado, Romero ha anunciado que está barajando la posibilidad de declarar "voluntariamente" para "aportar la documentación que falta y que el proceso no vaya dilatándose en el tiempo de una manera exagerada".