El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este martes partidario de que desde el Ministerio de Trabajo se realicen inspecciones y se persiga el fraude en el campo pero no con que “se criminalice” a los agricultores y se busquen casos de “esclavitud”.

En declaraciones a los medios en el marco de una visita a la finca de producción de arándanos Villa Pedraza, en el municipio onubense de Villablanca, Moreno se ha referido a la campaña extraordinaria de inspección ordenada desde ese Ministerio, que dirige Yolanda Díaz, que incluye un cuestionario para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas.

“No es comprensible ni entendible, bajo ningún punto de vista, que la ministra de Trabajo haya mandado un cuestionario a nuestros agricultores donde se les criminaliza a ellos y al sector agrario andaluz”, ha apuntado Moreno para quien, además, “no tiene sentido que la ministra hable de esclavitud en pleno siglo XXI y que señale a los agricultores como personas que no saben trabajar, que no son solidarios ni capaces de operar con sus trabajadores o que no tienen tradición de respeto laboral, cosa que no ocurre ni en Andalucía”.

Por tanto, ha dicho, le parece que el Ministerio de Trabajo “hace bien llevar a cabo sus inspecciones y estar pendiente de que no haya ningún tipo de fraude, pero que no se penalice y no se criminalice a nuestro sector agroalimentario”.

Clave para salir de la crisis

Desde el Gobierno de Andalucía, ha añadido, “confiamos plenamente en nuestro sector agrícola y estamos convencidos de que será uno de los puntales que nos va a ayudar a salir de esta crisis”.

Por ello, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible “ya se está trabajando para hacer planes para mejorar la comercialización de estos productos; y para mejorar nuestro sistema hídrico de forma que haya más posibilidad de llegar agua a muchos más rincones de Andalucía y por tanto producir más y mejor”. Por último, ha expresado su confianza en que a lo largo de los próximos meses el PIB mejore gracias al sector agrícola y que el porcentaje de riqueza y empleo que representa en la actualidad suba uno o dos puntos.

“Nuestros agricultores tienen talento, experiencia y capacidad y ahora un gobierno amigo que va a apoyarlos sin fisuras y con una certeza y confianza plena en lo que hacen a diario, en su esfuerzo y compromiso”, ha concluido.

Esta declaración de intenciones de produce días después de que el Gobierno andaluz y las organizaciones agrarias de la mesa de interlocución emitieran una declaración conjunta en la que critican la instrucción del Ministerio de Trabajo que “estigmatiza” y “criminaliza” al sector y exigen que se modifique si recoge “términos tan desafortunados y dañinos”.

La Junta y las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, con la adhesión de Coexpal, Ecohal y Freshuelva han reaccionado conjuntamente a la instrucción del Ministerio y han subrayado los “perjuicios” que están ocasionando la publicación en los medios de esa instrucción y la repercusión que puede tener en cuanto a pérdida de confianza de los productos andaluces en los mercados nacionales e internacionales.

El campo onubense ha estado cuestionado en campañas anteriores por supuestos casos de abusos a temporeras. Además, su talón de Aquiles son los asentamientos, una realidad paralela de más de 20 años que incluso supuso una reciente llamada de atención de la ONU.

Asentamientos

Su población es la más vulnerable, de ahí que Cruz Roja haya reforzado la atención en asentamientos con más de 19.800 intervenciones durante el estado de alarma.

Así, la situación de extrema vulnerabilidad que se sufre en los asentamientos de personas inmigrantes durante el confinamiento ha llevado a Cruz Roja Huelva a reforzar su dispositivo de atención, hasta atender a 2.612 personas a través de 19.869 intervenciones, que incluyen atención a necesidades básicas, tomas de temperatura para detección precoz, acceso al agua, entrega de recursos básicos, intermediación para el empleo y distribución de información sobre la pandemia.