"Mientras la cifra de contagios por Covid se dispara en la provincia de Huelva y la vacunación va a un ritmo exasperantemente lento, con sólo algo más de 5.000 vacunas inyectadas, hay un colectivo al que la Consejería de Salud ha dejado de lado en sus planes de vacunación por el Covid, a pesar de que se encuentran en situación de riesgo constante". Así de contundente se muestran desde Izquierda Unida para pedir la vacunación de las 3.500 trabajadoras de Ayuda a Domicilio onubenses que "desde el principio de la pandemia se encuentran en primera línea de riesgo de contagio, tanto para ellas como para las personas a las que atienden a diario, contando para ello con recursos de protección muy limitados".

Por ello, la responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Silvia Zambrano, reclama a la Consejería de Salud que incluya a este colectivo entre los considerados prioritarios, para que se les empiece a vacunar también en esta primera fase.

El motivo de la Junta de Andalucía para no vacunar todavía a estas trabajadoras que están en contacto directo a diario con una media de tres a cuatro personas mayores y con necesidades de atención diaria, desplazándose para ello a los diferentes domicilios de las personas atendidas, es que no están consideradas como personal sociosanitario, indican desde IU. "Esto supone que no han contado nunca con los medios de protección y seguridad que requieren por su trabajo de atención que se debe proveer obligatoriamente al personal sociosanitario". Por ello, Zambrano señala que “si algo nos ha enseñado la pandemia es la importancia de los cuidados a las personas que los necesitan, por lo que es inconcebible y muy peligroso que no se atienda a las personas que trabajan cuidando a otras, poniéndose en peligro y siendo, en muchas ocasiones, el único sustento de sus familias”.

El trabajo de las empleadas de ayuda a domicilio "es similar al del personal de las residencias de mayores y otros centros de atención especial, a las que sí está previsto que se vayan vacunando". Zambrano explica que desde el inicio de la pandemia las trabajadoras de ayuda a domicilio “se han visto relegadas en cuanto a poder contar con medidas de protección y les siguen faltando medios para desarrollar su trabajo en condiciones seguras”.

Durante la  primera ola de la pandemia, cuando ni siquiera había mascarillas, estas profesionales que conforman un colectivo masivamente feminizado y precarizado, "no dejaron de cumplir con su imprescindible labor en los domicilios a los que debían de acudir". Incluso, actualmente “sólo reciben de las empresas para las que trabajan una mascarilla al día, mientras siguen sin contar con batas desechables”, explica Zambrano. “Se trata de mujeres trabajadoras a las que la administración no puede seguir olvidando porque su labor diaria las expone a ellas y a las personas a las que atienden a un riesgo evidente de contagio ante el que se debe intervenir urgentemente para acabar con esta situación de grave discriminación”.

Zambrano añade que las administraciones públicas de las que depende este servicio, concedido administrativamente a varias empresas para las que trabajan las profesionales de ayuda a domicilio “tienen además que intervenir ante estas empresas para que les faciliten los medios de seguridad que vienen reclamando sin resultado desde el inicio de la pandemia”.

En la provincia de Huelva, la mayor parte de este colectivo trabaja para la empresa Macrosad, unas 2.000, cuyo contrato depende de la Diputación Provincial, mientras que la empresa a cargo de la Ayuda a Domicilio en la ciudad de Huelva, contando para ello con una concesión del Ayuntamiento de la capital, emplea a unas 600 trabajadoras más. El resto, hasta más de 3.500 trabajan para empresas de menor volumen o directamente para algunos ayuntamientos.

“Este colectivo de trabajadoras está perfectamente localizado y debe ser considerado como prioritario a la hora de recibir vacunas, de las que la Junta de Andalucía cuenta en cantidad más que suficiente para proveérselas”, detalla Zambrano.