Multa de un millón a tanatorios y funerarias por mala competencia

El Consejo de la Competencia ha impuesto a diferentes tanatorios y empresas funerarias de la provincia de Huelva una multa conjunta que supera el millón de euros por prácticas contrarias a la libre competencia y derecho de los consumidores.

El órgano ha declarado acreditada la existencia de "una conducta anticompetitiva" prohibida por la ley por las empresas "Tanatorio del Atlántico, S.L.; Tanatorios de Huelva, S.L.- Servicios Funerarios San José; Servicios Especiales, S.A. (Servisa); Tanatorio-Crematorio de Cartaya, S.L.; Previpaz, S.L.(Grupo La Paz); Dolfina Rociana, S.L. y Letimar Niebla, S.L., por negar de forma injustificada a la empresa Grupo Funerario Borrero, S.L.U. solicitudes de servicios de salas de velatorio en los tanatorios gestionados por las entidades sancionadas en 24 municipios de la provincia.

Las empresas Tanatorios de Huelva, S.L.- Servicios Funerarios San José y Tanatorio Crematorio de Cartaya, S.L. también han sido sancionadas por la aplicación de precios discriminatorios a la funeraria Grupo Funerario Borrero, S.L.U. en los tanatorios que gestionan.

Las empresas son sancionadas por "abuso de posición de dominio", por un uso monopolístico de los tanatorios, excluyendo a otras funerarias de la prestación del servicio de sala de velatorio, "con la pretensión de expulsarlas del mercado de servicios funerarios en los municipios donde se encuentran ubicados los tanatorios".

La resolución considera probado que, existiendo salas velatorios libres, los tanatorios sancionados negaban el alquiler de las salas a familias que llegaban con la empresa funeraria que habían contratado.

El Consejo de la Competencia entiende en un comunicado que este tipo de conductas "no son solo una vulneración de la libre competencia entre empresas, suponen también un perjuicio para los consumidores y usuarios, que ven lesionados sus derechos a contratar a las funerarias que prefieran".

Asimismo, el Consejo de la Competencia de Andalucía ha instado a las entidades para que en el futuro "se abstengan de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada u otras análogas que puedan restringir la competencia".

La resolución pone fin a la vía administrativa y puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.