El pleno del Ayuntamiento, con los votos del equipo de gobierno, ha dado luz verde a una nueva fase del plan de pago a proveedores por un importe de 36 millones de euros, que taparán muchos huecos a las empresas beneficiarias, entre las cuales se incluye FCC, que se debe sentir muy cómoda en la situación actual, cobrando –lo que es bueno porque así no existen problemas laborales para su plantilla- y con un pliego que mientras no se cambie le está siendo rentable. Siempre hemos defendido la iniciativa del Gobierno para responder a las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento durante años a causa de sus penurias económicas. En efecto se han salvado situaciones insostenibles en bastantes empresas, muchas pequeñas y medianas, y se les debía este gesto porque han sido víctimas de nefastas administraciones de todos los colores. El Ayuntamiento ha comprometido ya en el total de los planes de pago a proveedores un importe  de 252 millones de euros. El hecho en sí admite poca discusión, ahora bien el problema está en las durísimas obligaciones económicas a las que compromete, a las que hasta ahora parece que no se les ha hecho mucho caso, pero que es un préstamo que hay que devolver, y aunque el concejal de Hacienda repita que prefieren deberle a los bancos antes que a los proveedores, plantean un mayor ahogo a la extrema situación económica existente que esperamos no recaiga vía impuestos sobre los ciudadanos. El plan de ajuste al que obliga es una pesada losa para un Ayuntamiento en bancarrota, que sigue confiando en que Montoro obre algún milagro.