Algunos vecinos de la capital han recibido una notificación sobre el impago de algún recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Al parecer, según comunicó la Diputación Provincial de Jaén al Ayuntamiento, se trata de una estafa, ya que se insta a los contribuyentes a que paguen el impuesto con un recargo de 200 euros en cualquiera de las oficinas de ambas administraciones. Está claro por tanto que el fin de la estafa no es quedarse con el dinero de los vecinos, pero eso no quita hierro a un hecho muy grave. El autor o los autores de las notificaciones han tenido acceso a los recibos impagados de los contribuyentes y a sus datos personales y fiscales. Solo eso ya es suficiente para que, además de ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional, se abra una investigación interna para tratar de depurar responsabilidades. Desde Hacienda se ha alertado a los ciudadanos, ya que es el Consistorio el encargado de recaudar en la capital el IBI dentro del plazo voluntario y en vía ejecutiva; pero este suceso no debería ser pasado por alto porque constituye un ataque gravísimo a la seguridad del Ayuntamiento de Jaén y a la ley de protección de datos. Es necesario llegar hasta el final con este asunto y saber quién está detrás y cómo ha accedido a esos datos municipales, porque en el caso de que el Ayuntamiento no pueda garantizar su seguridad y su confidencialidad, será necesario tomar medidas.