La Comunidad de Regantes de Santa María Magdalena, con socios en los términos municipales de Mengíbar, Cazalilla y Jaén capital, va a recurrir a la vía judicial para exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) una indemnización de "unos nueve millones de euros" ante su "incumplimiento" en el proyecto de consolidación y modernización de 6.000 hectáreas de regadío.
Para ello, según ha informado a Europa Press el presidente del colectivo, Eduardo Díaz, están ultimando una demanda contencioso-administrativa, que presentarán próximamente. Dan este paso, tras la "contestación negativa" que tuvieron a solicitud responsabilidad patrimonial que plantearon por el mismo motivo.
"Insisten, como en su momento el que fuera ministro Miguel Arias Cañete, en que Seiasa --Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias-- no puede hacer esta intervención porque no tiene cobertura legal. Sin embargo, nosotros disponemos de documentos del propio Ministerio en los que se recoge que está dentro de los fondos Feder, como de la Comisión Europea reconociendo que tenemos derecho a esa subvención", ha comentado.
Por ello y aunque no les hubiera gustado acudir a los tribunales, ya que implica "alargar tiempos", ha afirmado que no les queda más remedio para defender los intereses de la Comunidad de Regantes de Santa María Magdalena, que aglutina a unos 1.200 agricultores. Al hilo, además, ha instado al Magrama a "facilitar todo el expediente", dado que hasta ahora "han pasado documentación con cuentagotas" y no la tienen en su totalidad.
Díaz ha recordado que, aunque la primera fase del proyecto de modernización se impulsó en la anterior legislatura, al igual que la firma del protocolo de esta segunda (presupuestada en doce millones de euros), "con el actual Gobierno del PP también se han dado pasos para ejecutar la actuación", de ahí que califique la situación como una "estafa".
Al respecto, ha lamentado que "se comprometa la ejecución de unas obras y no se cumplan", con el "grave perjuicio" causado a los regantes, ya que, según recalcó hace casi un año al presentar la reclamación por responsabilidad patrimonial, habían tramitado préstamos para sufragar el 30 por ciento de los doce millones de euros en que se presupuestó el proyecto, mientras que, "según el protocolo, el Ministerio debía aportar el 70 por ciento restante".
Ese proyecto sobre el que ahora preparan la demanda contencioso-administrativa fue incorporado en su última fase en el Plan Activa Jaén a través de un protocolo firmado en 2011 con Seiasa, pero ahora el Gobierno "se niega a firmar el convenio". La anterior fase contó con una inversión de 13 millones de euros cofinanciada por la Junta de Andalucía en un 80 por ciento.