El Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres ha sacado a la calle a representantes de administraciones públicas y organizaciones sociales que reclamaron el “compromiso de todos” por erradicar una lacra social que padecen las mujeres, no sólo el 25-N, sino los 365 días del año y que no pueden tener como respuesta la “pasividad”, sino la denuncia en los juzgados.
Por la mañana, la Diputación celebró un acto en el que su presidente, Francisco Reyes, defendió más recursos económicos y técnicos y más acciones de sensibilización, en especial para las jóvenes, al ser un sector de la población en el que están aumentando los casos.
El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, recordó la necesidad de que todos poderes públicos sigan trabajando “de forma coordinada” en la lucha contra la violencia sobre la mujer y pidió a la sociedad que “tome conciencia de la gravedad”. Lo declaró durante la clausura de unas jornadas sobre violencia de género para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y apuntó que en lo que va de año han recibido 760 denuncias en la provincia de mujeres por supuestos malos tratos, de las que 227 están bajo control.
Lillo se detuvo también en la población adolescente como objetivo preferente en esta lucha y pidió que se impulsen acciones que contribuyan a la concienciación social, la identificación y deslegitimación de cualquier manifestación del maltrato.
Delegados de Comisiones Obreras se concentraron a las puertas del sindicato en Jaén para rechazar la violencia a las mujeres.
Los actos con motivo del 25-N terminaron con la escenificación que protagonizaron los colectivos integrados en la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, en la Plaza de las Batallas.
Mujeres vestidas de negro dibujaron con sus cuerpos un lazo, alumbrado por velas en representación de las 45 mujeres asesinadas a manos de sus parejas a lo largo de 2014. Al pronunciar el nombre de cada una de las asesinadas, las mujeres descubrían su cara, cubierta por una máscara blanca, para ponerle rostro a las víctimas.
La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, denunció “un problema social que requiere una respuesta colectiva”, considerando la violencia de género como la “mayor lacra social”. En los centros de información a la mujer han atendido 3.787 casos por esta violencia.