La federación de asociaciones de vecinos Objetivos Comunes (OCO) de Jaén reclamará en los tribunales los aproximadamente 210.000 euros que el Ayuntamiento de la capital le adeuda desde 2010, tanto en concepto de gastos corrientes como por el convenio para la realización de diversas actividades. La cuantía final, en cualquier caso, será mayor y "superará los 300.000 euros", una vez que se sumen las cantidades sin pagar a las 23 asociaciones que la forman y que también se exigirán en el juzgado.
Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de OCO, María Cantos, quien ha recordado que esta situación no es nueva y los colectivos vecinales sufren una "asfixia económica" para hacer frente las cuestiones más básicas, como luz agua o seguros obligatorios, "que son lo que hace que una sede se mantenga abierta".
Por ello, en septiembre de 2013 llevaron a pleno una moción que se aprobó por unanimidad. En ella, siendo "conscientes de la situación municipal", pedían que se liquidara al menos una anualidad y solamente de los gastos corrientes, dejando a un lado las actividades realizadas en el marco del convenio entre la federación el Ayuntamiento.
Sin embargo y tras un año de "espera de buena fe", el "panorama era el mismo" y por eso decidieron dar un paso más. Lo primero que hicieron, según ha explicado, fue solicitar justicia gratuita, dado que con los recursos propios difícilmente podrían emprender ese camino en los tribunales. Ahora, una vez que les ha sido concedida, trabajan ya con el abogado de oficio que les ha sido asignado para plantear la demanda, algo que esperan hacer "antes de febrero".
En esta vía judicial, no obstante, OCO ya no se limitará a exigir los impagos por gastos corrientes, que no reciben "desde 2010", sino que solicitarán "todo lo que se debe", incluido el referido convenio, del que "se adeuda una parte de 2009 y de ahí en adelante". En el caso de OCO, suponen un total de 210.000 euros.
A esa cantidad se sumarán las correspondientes de cada una de las 23 asociaciones que integran la federación y que, consultadas en este proceso, "han optado voluntariamente por adherirse" a él y reclamarlas también en el juzgado. "Aún están sin contabilizar, es en lo que están trabajando ahora, pero con casi con total seguridad y junto a la deuda con OCO se superarán los 300.000 euros", ha dicho.
Eso sí, ha dejado claro que "siempre están dispuestos a negociar", aunque hasta el momento y conociendo esta situación y las peticiones del colectivo para paliarla en la medida de lo posible, "desde el Ayuntamiento no han contactado" con ellos. "A todos los políticos se les suele llenar la boca hablando de participación ciudadana. Lo mínimo para eso es contar con una sede donde participar, debatir sobre las necesidades de cada barrio y trasladarlas a sus representantes", ha incidido.