Las mentiras, como las medias verdades, tienen las patas muy cortas y tarde o temprano aflora la verdad. Mucho más en política. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha decidido, tras un largo mandato pidiendo a la Diputación Provincial que rebajara el canon que cobraba por gestionar el servicio de multas en la capital, privatizarlo y dar la concesión a una empresa de Santander, cuya única experiencia en estas lides es la gestión de un Ayuntamiento pequeño, como es el de Cangas de Onís, de poco menos de 7.000 habitantes. El problema es que la concesión, que tendrá un coste de algo menos de un millón y medio de euros, se hace sólo para el periodo voluntario de pago de esas multas y no para la vía ejecutiva, que es la que realmente genera problemas a las administraciones, no solo por su coste, sino, porque supone tener al día la base de datos del contribuyente. No era especialmente eficiente el Ayuntamiento de Jaén en el cobro de la ejecutiva cuando gestionaba el servicio desde Recaudación, lo que provocó el famoso ‘embargazo’ del año 2006, cuando el gobierno del PP de entonces, con Sánchez de Alcázar como alcalde y Gustavo Martínez como edil de Hacienda, sacaron miles de recibos impagados en apremios y embargos. Por tanto, ni el ahorro es tal, ya que los costes en periodo voluntario son muy bajos, ni está garantizado el cobro de los recibos en vía ejecutiva, que pueden superar el 30 por ciento.