En noviembre de 2004 llegó al Parlamento Andaluz una Proposición no de Ley, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, exigiendo una Ley de Renta Básica e Inserción Social en Andalucía. La Proposición, que defendió el entonces diputado de IU por Jaén José Cabrero, se justificaba en el hecho de que el 30,2% de los andaluces se encontraban en situación de pobreza o exclusión social, según los datos de Cáritas. En la provincia de Jaén ese porcentaje se elevaba hasta el 33%, con 95.000 y 56.000 hogares malviviendo con unos ingresos que no superaban el 50% de la media. Por aquel entonces, la renta media neta declarada de la provincia apenas superaba los 10.000 euros, aunque en numerosos municipios de las sierras o de comarcas deprimidas como El Condado apenas se llegaba a los 5.000 euros.
Pues bien, la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la provincia lo hace con un escenario tan sombrío en lo social como el de hace ya casi dos décadas. De hecho, el último informe Foessa de Cáritas cifró en unas 80.000 las personas en situación de exclusión social en la provincia jiennense, donde el 37% de las declaraciones de IRPF presentan ingresos comprendidos en la franja que va desde la pobreza severa (4.436 euros al año) a la pobreza moderada (8.871 euros). La iniciativa parlamentaria del año 2004 sobre una renta básica no prosperó (hubo que esperar hasta el 1 de enero de 2018 para la entrada en vigor de la renta mínima de inserción), pero la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) lo ha hecho en medio de un intenso debate político, donde varios de los partidos que se oponían entonces a la renta básica se erigen ahora en sus principales abanderados. En Jaén, el Gobierno ya ha anticipado de oficio el IMV a 26.900 jiennenses, de los que unos 2.000 son de la capital.
Mucho ha tenido que ver en ello el incremento espectacular, de un 560%, en las demandas de atención social desde la declaración del estado de alarma.“Se han multiplicado por cinco las solicitudes en zonas vulnerables”, señalaba la concejala de Asuntos Sociales sobre una ayuda municipal que asciende a 255.752 euros por solicitante. Las zonas del casco antiguo y Polígono del Valle concentran más de la mitad de las ayudas sociales concedidas por el Ayuntamiento desde el inicio de la pandemia, seguido de los barrios de San Felipe y Peñamefécit El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprobó el Gobierno el pasado 29 de mayo es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos en función del tipo de hogar, sobre todo, del número de miembros. Permitirá garantizar una renta mínima de 461 euros en todos los hogares, que puede llegar hasta un máximo de 1.015 euros, en función de las circunstancias y de la tipología de cada familia.
Es, por tanto, un nuevo derecho social que, aunque se ha puesto en marcha con motivo del Covid19, su duración se mantendrá ya en el tiempo. Por otro lado, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta gestiona la renta mínima de inserción para 1,627 familias de la provincia.
