En este sentido, la familia de Haddad afirma que “la expulsión a Marruecos supone poner en peligro su integridad física y obligarle a vivir a merced de una institución que le ha secuestrado y le ha retirado su pasaporte de firma extrajudicial durante dos años”.
Haddad está ahora en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. Ingresó en el recinto para foráneos el pasado 10 de enero, y en 60 días a partir de esa fecha se cumplirá el plazo máximo en que puede ser retenido para ejecutar la orden de expulsión contra él que está en vigor.
No obstante, sus familiares, lo mismo que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) que se ha erigido en su principal valedora cara a las instituciones y a la Opinión Pública, temen que la ejecución de la orden de expulsión tenga lugar mucho antes, dado que existe un convenio entre España y Marruecos para la devolución de personas que se encuentran en el país de forma irregular. “Vamos a visitarle todos los días al CIE”, comentó la portavoz de Pro Derechos Humanos Agustina Díaz, “pero sabemos que cualquiera de estos días que vayamos podemos encontrarnos con que se lo han llevado sin avisar a nadie”, se lamentó.
Mohsin Haddad recordó ayer que su hermano Mohammed tiene detrás a una familia de 15 personas, entre los que se incluyen su esposa, sus dos hijas de tres y cinco años, varios hermanos en España y una más en Francia, que están sufriendo por su situación. Preguntado por el estado de su hermano, que se niega a ingerir alimentos desde el 22 de diciembre pasado, cuando aún se encontraba en régimen abierto en el Centro para la Estancia Temporal (CETI) de Extranjeros de Ceuta, Mohsin Haddad asegura que “está fatal tanto física como psicológicamente”. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que “a mi hermano le obligan por ley a tomar dos ampollas de glucosa al día, agua y azúcar, pero aún así está muy mal y ha vuelto a bajar mucho de peso. Se le nota especialmente en su cara”.
Lo que la familia pedía a través de su portavoz, Mohsin Haddad, era la intermediación del ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que revoque su orden de expulsión y Haddad pueda volver “a la misma situación en la que se encontraba antes de comenzar la investigación del 11-M”. Hay que recordar que este súbdito marroquí vivió durante 14 años con permiso de residencia y trabajo en el país, y que su mujer e hijos viven en Madrid. Durante el tiempo que tuvo que pasar en Marruecos -dos años, a causa de que no le devolvían el pasaporte- Haddad no pudo asistir al nacimiento de sus dos hijas.
Desde el ámbito familiar de Mohammed Haddad quisieron dejar claro que hacen responsables a las autoridades españolas “de la integridad física de Mohammed en caso de su devolución a Marruecos.
Asimismo, puesto que pasaron más de 30 días desde que inició la huelga de hambre para reclamar sus derechos” desde Apdha y la familia del reclamante responsabilizan al Gobierno de las posibles secuelas físicas que puedan quedarle después.
Postura gubernamental
Por su parte, el diputado socialista Salvador de la Encina comentó, con carácter general, que para solicitar los casos de asilo político se tienen que dar “circunstancias como vivir en una dictadura o un evidente sesgo de los derechos humanos”.
La intención de Mohammed Haddad de participar en los comicios marroquíes en 2009 por el Partido de los Trabajadores tuvo para él repercusiones negativas, tanto de un lado como del otro del Estrecho. Por un lado, la DST marroquí le niega esta opción por haber estado investigado -aunque no aparece en el sumario- en relación al 11-M.
Por otro, el Gobierno español le denegó el asilo político alegando “la sospecha de que tanto la participación en los comicios como la solicitud de asilo fueron para defraudar la Ley de Extranjería”, afirmaron desde Apdha. Además, se quejan de que “mientras se le aplicaba la Ley de Extranjería, no le concedieron su derecho a quedarse en el país durante los 60 días de plazo para la tramitación de la solicitud”.
Colaboración
Desde la familia de Haddad quisieron dejar claro que éste ofreció al juez su colaboración, incluyendo el sometimiento a una prueba de ADN, para probar su inocencia respecto del 11-M. La familia quiere que “se reconozca públicamente su inocencia o que si no se le juzgue por ello”.