Los vecinos de la calle Isabelo –que discurre en paralelo a la avenida Álvaro Domecq- están cansados de soportar las incomodidades que les producen los clientes de los bares de copas de su entorno más próximo, cuyos problemas se acrecientan fundamentalmente los fines de semana.

El caso ha sido trasladado en más de una ocasión al Ayuntamiento de Jerez en estos últimos años, pero a día de hoy no se ha terminado de adoptar una solución que, a juicio de los vecinos, pasaría por el cierre de la calle al tráfico en un horario determinado.

El presidente de la comunidad de propietarios, Bernardo Muñoz, admite que antes de la pandemia los propios vecinos adoptaron la decisión unilateral de colocar una cadena que impedía el paso a los vehículos en las noches de la semana.

Sin embargo, con la vuelta a la normalidad renunciaron a esta práctica para evitar cualquier tipo de problema.

Los vecinos miran de reojo a la calle Alazán, que hace años sufrió un problema similar y a la que se autorizó a colocar un cerramiento para regular el acceso de los vehículos. Se sienten de algún modo agraviados ya que hace meses propusieron una solución parecida –la instalación de una barrera cuyo coste asumirían- y todavía no se les ha dado vía libre.

El caso es que mientras tanto, viven “temiendo que llegue el fin de semana”, porque saben que cuando llegue la madrugada volverá “la debacle”. “Los clientes de estos negocios aparcan allí y cuando regresan organizan sus botellones, hacen todo tipo de guarradas, parten coches, cristales y espejos”, asegura Muñoz, que hace algunos años tuvo que pintar su coche porque lo habían rociado con ácido.

Los vecinos también han advertido la presencia de drogas en la zona e incluso han tenido ocasión de grabar a parejas realizando actos sexuales sobre los vehículos aparcados.

Las llamadas a la Policía Local son recurrentes, contabilizándose “más de un centenar” de visitas a lo largo de un año y eso a pesar de que “algunas veces se les ha llamado y no han venido”.

La comunidad de propietarios espera que el Ayuntamiento le autorice a colocar una barrera –cuyo coste ronda los 8.000 euros- que los propios vecinos bajarían en el horario que les fuera autorizado. De momento van a seguir esperando, aunque ya no descartan la convocatoria de actos de protesta ante los propios negocios.