Este número resulta significativo, teniendo en cuenta que durante todo el año 2009 se solicitaron 83 intervenciones. Si proyectáramos el número de casos investigados actualmente con lo que podría dar a final de año, podríamos estar hablando de unos 180 supuestos urbanísticos, lo que volvería a situar al Seprona en el volumen de trabajo alcanzado hace dos años.
Y es que, según datos aportados por el Instituto Armado, en 2008 se batieron todos los records en lo que a actuaciones se refiere, con 198 solicitudes judiciales -126 de ellas diligencias informativas emitidas por la Fiscalía de Medio Ambiente- y 72 de ellas diligencias previas. Todo ello dio lugar a 68 atestados, 105 informes, una detención y 10 imputaciones. Asimismo, se produjeron 59 denuncias ciudadanas en procedimiento administrativo remitidas a los ayuntamientos.
En 2009 descendieron un poco las cifras, con 83 solicitudes del juzgado, nueve atestados, 21 denuncias administrativas y 132 informes. Si comparamos las cifras expuestas con las de 2005, 2006 y 2007, las diferencias son notables. Hace cinco años, se tramitaron 27 diligencias, con 21 solicitudes judiciales, se emitieron 12 atestados y se emitieron cuatro denuncias ciudadanas.
En 2006, las cifras bajaron a ocho diligencias, siete atestados a requerimiento de la Autoridad Judicial y una única denuncia administrativa.
2007 supuso un ligero aumento hasta las 25 diligencias, con 19 atestados solicitudes por la Autoridad Judicial, otro por una denuncia particular y cinco demandas administrativas.
Si bien desde este grupo eludieron detallar -en beneficio de la labor investigadora- en qué zonas se están practicando actualmente estas indagaciones, las fuentes sí que reseñaron que Tarifa es uno de los puntos donde más han tenido que trabajar estos agentes.
Presión municipal
Desde el Seprona detallaron que “la presión judicial y policial”, propiciada por la inestimable colaboración del departamento municipal de Disciplina Urbanística de esta localidad, “ha conseguido frenar” el levantamiento de edificaciones en zonas como Monte La Peña, Paloma Baja, Bolonia y Cañada Matatoros.
También en Algeciras se inició en los últimos años un proceso por el que se están denunciando fincas supuestamente ilegales, que han dado lugar, en algunos casos, a demoliciones, como es el caso de Argamasilla. Otras zonas de monte público, como Majadal Alto, y también la Vega de Botafuegos, han sido objeto de actuaciones. Hasta el pasado mes de noviembre, de las 39 parcelas usurpadas en Argamasilla que fueron denunciadas en su momento ante la Fiscalía de Medio Ambiente, 15 habían sido ya recuperadas por orden judicial; 17 continuaban su curso por la vía penal; y en siete se habían tramitado expedientes para la recuperación de oficio, al haber prescrito el delito penal.
Las motivaciones que dan lugar a las edificaciones ilegales son muy diversas, y dependen mucho de su localización. Así, en Tarifa suele darse el caso de presuntos usurpadores de terreno que edifican una segunda residencia. En muchos casos, son extranjeros. En Algeciras, sin embargo, estas construcciones suelen ser primeras viviendas de sus propietarios, lo que supone que en el momento de las expropiaciones se vivan fuertes tensiones de índole social.
Desde el Seprona solicitan de los departamentos de Disciplina Urbanística un mayor rigor a la hora de denunciar posibles edificaciones ilegales, tomando el ejemplo de localidades como Algeciras y Tarifa, donde el trabajo está dando sus frutos. Para los efectivos del Seprona, se está notando el efecto disuasorio que produce la contundencia de las demoliciones, con una reducción de construcciones ilegales.
En San Roque, es de todos conocida la polémica surgida a raíz de la adjudicación irregular de la parcela del TG-22, que, como recordó el secretario local del PSOE Juan Carlos Ruiz Boix en días pasados, supondrá una indemnización a las firmas afectadas de al menos 3.800.000 euros. Este mismo político denunciaba la proliferación de casos urbanísticos en zonas como Sotogrande.
Según diversas fuentes, un municipio que tiene potencialmente un campo de actuación muy amplio es Los Barrios, donde Agaden ha efectuado denuncias.
Desde esta unidad recuerdan la importancia de cortar de raíz estas actuaciones ilegales, que suelen comenzar con un vallado, una o dos casas de autoconstrucción y acaban convirtiéndose en un terreno urbanizado que requiere de servicios básicos. Otro aspecto destacado por el Seprona es el peligro que supone que algunas de estas construcciones se hagan en zonas fácilmente inundables.
Ecologistas
La organización ecologista Agaden tuvo mucho que ver en el incremento de investigaciones en cuanto a posibles delitos urbanísticos a partir del año 2008, emitiendo un enorme volumen de denuncias, en una labor que los responsables del Seprona quisieron también reconocer en estas líneas. El representante de este colectivo Juan Antonio Carrasco manifestó que en los últimos meses han reducido su labor de denuncia gracias a la creciente implicación tanto de la Fiscalía de Medio Ambiente como del propio Seprona y los departamentos de Disciplina Urbanística de los municipios, especialmente Tarifa y Algeciras.
“En 2008 denunciamos muchas construcciones ilegales dentro del parque natural del Estrecho y el de Los Alcornocales. Durante este periodo, y también en 2009, la acción de Fiscalía y Seprona ha sido encomiable, y desde hace poco se les han unido los ayuntamientos paralizando construcciones ilegales y recuperando usurpaciones”, indicó el portavoz ecologista.
“Hay un marco de colaboración muy bueno que no tiene nada que ver con la situación que se vivía hace cinco años”, concluyó Carrasco, quien señaló que, además de las zonas comentadas por el Seprona, han centrado su labor denunciadora en puntos como Chorrosquina, en Algeciras, o Valdevaqueros, en Tarifa.
