?No ha habido ocultación de las actuaciones de Emroque a la oposición y Pleno?
Éstos, según el auto dictado por los magistrados Manuel Gutiérrez Luna, Juan Carlos Hernández Oliveros y María Ángeles Villegas García, deberán ahora hacerse cargo de las costas procesales de la alzada, además de que no tendrán ya más posibilidad de recurso con el caso, el cual queda cerrado.
Ledesma destacó ayer que “no ha habido ocultación de las actuaciones de Emroque a los concejales de la oposición”, que “el precio de adquisición de los terrenos era absolutamente favorable para los intereses municipales”, que “se trataba de una operación mercantil que no iba en perjuicio de los intereses municipales, sino al contrario, en condiciones ventajosas para los ciudadanos de la localidad, cuyo interés es el que han de velar los que ejercen la representación de la localidad” y que “no ha existido ninguna apropiación indebida de fondos públicos o desvío de los mismos a fines ajenos a la función pública”.
Entre otros aspectos, el auto destaca, en sus fundamentos de derecho, que “en el caso presente los denunciantes no eran personas directamente perjudicadas por los delitos que denunciaban, aunque sí interesados como ciudadanos interesados en el descubrimiento de los hechos por ellos allegados; por lo que no cabría la personación como acusación particular, sino como acusación popular, lo que hubiera requerido la formulación de querella”, la cual no se interpuso por la parte denunciante.
Además, el auto, sobre la práctica de las pruebas solicitadas, afirma que “procede desestimarlas al no ser necesarias”, ya que, por ejemplo, “en cuanto a la segunda de las pruebas cuya práctica se solicita, tampoco es precisa la pericial ya que, pese a que el instructor no se pronunciara de forma expresa en cuanto a su admisión, lo que podría subsanarse con la realización de la misma, en cambio, tampoco es precisa ya que consta en la causa tasación pericial efectuada por una sociedad dedicada a este tipo de actividad”.
Prevaricación
Sobre el supuesto delito de prevaricación, el auto dice que, “conforme a la prueba que aparece documentada en los autos, no ha existido ocultamiento de las actuaciones llevadas a cabo por la entidad municipal Emroque hacia los concejales de la oposición y Pleno municipal del Ayuntamiento. De otro lado, el precio de adquisición de los terrenos era absolutamente favorable para los intereses municipales”.
Por ello, prosigue el auto, “ello es suficiente para excluir del ámbito penal el presunto delito de prevaricación del que tratan los denunciantes, ya que no se trataba de una operación mercantil en perjuicio de los intereses municipales, sino al contrario, en condiciones ventajosas para los ciudadanos de la localidad, cuyo interés es el que han de velar los que ejercen la representación de aquellos”.
Sobre el supuesto delito de malversación de caudales públicos, el auto señala que, “en el caso presente, y a la vista de lo actuado, ha quedado desde luego absolutamente ayuna de prueba la apropiación por parte de ninguno de los acusados de cantidad alguna, ni que se le haya destino ajeno a la función pública, tal como razona el instructor en su extenso auto objeto de recurso. Por lo que ha de decaer igualmente el motivo del recurso”.
Sobre el supuesto delito de tráfico de influencias, el auto afirma que “no se aprecia, en el caso de autos, el prevalecimiento por parte de los denunciados ante otra autoridad o funcionario público, con el ánimo que cita el precepto invocado: conseguir directa o indirectamente un beneficio para sí mismo o tercero; se deduce conforme se viene razonando que el convenio celebrado por Emroque lo era con la finalidad de obtener unas condiciones ventajosas para el Ayuntamiento, y, en definitiva, para la causa pública, sin que se atisben indicios delictivos por parte de los denunciados”.
Y, por último, sobre el supuesto delito de fraude, el auto especifica que “tampoco se desprenden indicios de que, entre los imputados y los terceros, haya existido un concierto previo, en el ámbito de la contratación pública, con el ánimo tendente a defraudar al ente público”.
Por ello, finaliza el auto, “procede desestimar los motivos del recurso y la confirmación de las resoluciones impugnadas”.
El caso Procam, ya cerrado jurídicamente de manera definitiva con la desestimación del último recurso interpuesto, ha durado aproximadamente un año y medio. Así, el 13 de abril de 2007 Mayoral presentó una denuncia por los supuestos delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias contra Ledesma, Crespo y Gavino. Posteriormente, el 15 de junio el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque incoó las diligencias previas 676/07. El 22 de junio Mayoral se ratificó con su denuncia. Entre los meses de julio y de septiembre los dos consejeros delegados y el gerente, además de los directivos de Pronorte-Procam, declararon ante el juez.
El 11 de septiembre el concejal del Partido Popular (PP) José Cabrera se sumó a la denuncia de Mayoral. El 17 de septiembre Mayoral declaró nuevamente como denunciante, insistiendo entonces “en la existencia” de los supuestos delitos. El 26 de septiembre la parte denunciada comunicó al Juzgado “la indebida personación de la acusación particular”, y, por ello, solicitó que “se le exigiera la personación en forma y con prestación de fianza”. El 12 de diciembre la entonces gerente de Urbanismo, Arantza Montero, declaró como testigo. También el 12 de diciembre Cabrera presentó un escrito “insistiendo en la comisión” de los supuestos delitos y solicitando la práctica de las diligencias. Las actuaciones judiciales continuaron durante 2008.
Anuncian acciones judiciales contra Mayoral y Cabrera
Los hechos denunciados se refieren a la compra por Emroque de unos terrenos en ‘El Cañuelo’, en la pedanía de Guadiaro, destinados a la construcción de viviendas de protección oficial. Ledesma, acompañado ayer por Crespo y por el actual gerente Urbanismo, Roberto Gil, excusó la ausencia de Gavino, “que no puede estar aquí por motivos laborales, aunque he hablado hace unas horas con él y suscribe todo lo que se va a decir”. Afirmó que “lo que queda claro es que esta denuncia era falsa, y que tanto Mayoral como Cabrera mintieron descaradamente ante la autoridad judicial”.
El denunciado sostuvo que, “al igual que ocurre con otros casos por los que nos han denunciado, la justicia finalmente demostrará nuestra inocencia”. Además, recalcó que “tenemos las manos limpias, y a los señores Cabrera y Mayoral se les tenía que caer la cara de vergüenza por hacer perder el tiempo a los jueces, a empresarios, a técnicos y a políticos”.
Ante el último y definitivo auto, Ledesma anunció ayer que emprenderá “acciones judiciales contra ambos, que probablemente daremos a conocer antes de diez días. Estos hechos no pueden quedar impunes, porque la paciencia tiene un límite”. Considera que “a estos señores les va a doler el bolsillo un poquito”. Asimismo, el denunciado se refirió a otras denuncias sobre temas urbanísticos que afectan a Emroque, de las que dijo que “se demostrará nuestra inocencia”.
Así, Ledesma se preguntó por qué Cabrera ha denunciado la permuta de los terrenos de la Madrevieja, “si seis meses antes aprobó los de la Plaza Mariano Bertucci, que era lo mismo. Igual fue porque los trámites de esta permuta se iniciaron cuando era alcalde Fernando Palma”.
Recalcó que “en la Madrevieja hemos construido un parque magnífico, que está ahí para disfrute de todos los ciudadanos. Y la permuta permitió la construcción de nueve viviendas protegidas que ya se han entregado, y que si no construimos desde el Ayuntamiento fue porque nos salía muy caro hacer los pilares”.
Dice que Cabrera “tiene un anti sanroqueñismo demostrado. Ha denunciado a todo el mundo sin pruebas, y lo ha hecho porque se siente frustrado de su gestión como concejal de Urbanismo y quiere torpedear lo que hacemos los demás. Está malo porque hemos aprobado el Plan Especial del Casco Histórico e, inicialmente, el PGOU, ya que él no pudo hacerlo en sus años de gobierno”.