El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha acusado al presidente de la entidad, Jorge Rodríguez, de estar “más dedicado a su campaña electoral”, como coordinador provincial de Izquierda Unida, que al propio Consorcio “que le paga con dinero de todos”. De hecho, critican que “para poco” por la sede central, ubicada en Jerez, pese a tener dedicación exclusiva.
El propio comité reconoce su “equivocación” al apostar por Rodríguez como relevo de Víctor Mora al frente del Consorcio: “Pensamos que las cosas cambiarían y, lejos de hacerlo, han seguido igual o, si cabe, peor. Le creímos y nos engañó. Apostamos por la paz social y ahora, descubierta la falacia, nos arrepentimos”, apunta Francisco Sánchez, presidente del citado comité, quien afea a Rodríguez que se pase “la ley y los acuerdos laborales, cuando se alcanzan, por donde le parece”.
Sánchez revela que pese a que Rodríguez tiene “dedicación exclusiva” como presidente del CAZG, y de que se le paga para “estar en casa y no de parranda electoral”, “ha parado poco” en la sede del Consorcio “para dedicarse a hacer política, y parece haber dejado la gestión a algún mayordomo voluntarioso”. Del mismo modo, asegura que “no ha despejado con solvencia ni una sola de las reivindicaciones que llevó a la plantilla al borde de la huelga y que responsablemente decidimos parar para darle una oportunidad, pero los hechos demuestran que nos equivocamos”.
En este sentido, Sánchez enumera algunas de las situaciones más críticas por las que, a nivel laboral, atraviesa el Consorcio, compuesto actualmente por una plantilla de 102 empleados, 38 menos que los existentes a la llegada de Rodríguez a la presidencia del CAZG, lo que ha llevado a que existan “doce vacantes estructurales no cubiertas en los turnos” y se haya tenido que multiplicar el capítulo de las horas extra, hasta un total de 37.000, un 35% más que en el bienio anterior, lo que ha llevado a interponer una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo por exceder los límites legales y por infracotización a la Segurdad Social: “Es decir, por realizar una menor cotización a la Seguridad Social en detrimento del trabajador, acción que puede ser considerada delito penal”, según el presidente del comité de empresa.
También en relación con la gestión del ámbito laboral, recuerda que de siete trabajadores contratados indefinidos en 2019, se ha despedido a cinco. “A los restantes se les mantiene en nómina, constatándose en esta entidad pública la vulneración del principio de igualdad de trato que predica la Constitución, pues supuestos de hecho iguales no son tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas”, expone Sánchez.
El principal representante de la plantilla relata asimismo que siguen incrementándose los casos judiciales con sentencias favorables por movilidad funcional. Así, cita el caso de los 24 despedidos durante la crisis sanitaria por el Covid, cuyas denuncias han tenido diversa suerte en los juzgados de primera instancia y todos ellos han sido recurridos ante el TSJA. En este sentido recuerda que “a pesar de la dramática necesidad de plantilla, los órganos de gobierno desoyeron y no dieron siquiera respuesta a la propuesta que se les hizo para la ejecución provisional de readmisión de aquellas sentencias favorables en primera instancia y que contaron con recurso a ámbito superior”.
Del mismo modo, alude a cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, por lo que han tenido que solicitar a la Delegación Territorial de Empleo que ordene la realización de una auditoría externa del sistema de prevención del ente, por tener “constancia de deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores”.
