El 73% de los demandantes de viviendas son jóvenes menores de 35 años
El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida ha superado ya el millar de consultas tras un mes desde su puesta en marcha oficial.
Esta oficina, situada en la entrada del Ayuntamiento, ofrece a los vecinos interesados la información necesaria sobre las condiciones requeridas para reclamar una vivienda, además de elaborar un registro local de todos los solicitantes del municipio, facilitando a la administración autonómica una mejor planificación de la oferta de VPO, y proporcionando a los ciudadanos un sistema de adjudicación más claro y transparente.
En su primer mes de funcionamiento, este servicio municipal ha recibido 336 solicitudes ya cumplimentadas, que posteriormente, van siendo comprobadas para su definitiva inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. La petición de inscripción se puede formular de forma presencial, por teléfono y a través de Internet, en este último caso, con certificado digital.
Tras las comprobaciones administrativas necesarias, entre las que se incluye un informe catastral del demandante para confirmar que no posee ninguna otra vivienda, las solicitudes quedan inscritas oficialmente en el registro, que suma ya 133 inscripciones.
De las inscripciones ya registradas oficialmente, en la mayoría de ellas, un 58,6%, la opción elegida es el alquiler con opción a compra, que suma 78 demandantes. Los que solicitan la compra de una VPO llegan a 48, un 36% de los registrados; mientras que el alquiler, con sólo 7 solicitudes, un 5,2%, es la opción menos elegida hasta ahora.
Por el momento, los jóvenes son los que más demandan una VPO en el municipio barreño, ya que un 73% de las inscripciones (97 en total), las han realizado ciudadanos menores de 35 años. A continuación, también se han inscrito ya 9 solicitudes pertenecientes a familias monoparentales con hijos a su cargo, 7 personas procedentes de situaciones de ruptura de unidades familiares, y 4 solicitantes con discapacidad; además de otras solicitudes de personas que se incluyen en los Grupos de Especial Protección.