Comujesa, la sociedad municipal de la que dependen servicios básicos como el transporte urbano, la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado público y que cuenta con una plantilla de alrededor de 1.600 trabajadores, tiene de plazo hasta el próximo 30 de marzo para equilibrar su situación financiera y de este modo evitar su disolución.
La empresa se encuentra contra las cuerdas y sumida además en una grave crisis interna cuyo penúltimo capítulo se escribió hace poco más de una semana, cuando el Gobierno local suspendió de sus funciones al gerente basándose para ello en un supuesta investigación abierta a propósito de la división en varios contratos de las obras de las nuevas cocheras del transporte urbano.
La sociedad municipal cerró el pasado ejercicio con pagos pendientes a proveedores por importe de 2.111.892,04 euros, la cifra más alta de los últimos años. Además, desde que Jaime Espinar asumió la tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y hasta el 31 de diciembre, esa deuda se ha incrementado en un 185,82 por ciento, un dato que sin duda ha encendido todas las alarmas en los grupos de la oposición.
El propio teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal avanzó el pasado mes de enero la elaboración de un Plan de Equilibrio Financiero para Comujesa del que a día de hoy nadie tiene noticias.
Ya el pasado mes de diciembre, el PSOE expresó su sospecha de que el Gobierno local estaría “dejando morir” a la sociedad con el objetivo de disolverla y posteriormente “externalizar los servicios a una empresa privada”, una estrategia que enmarcaba en una especie de “plan oculto”.
Claro que también hay voces que piensan que la idea del Ejecutivo es que una vez disuelta la empresa, esos 1.600 trabajadores pasen a integrarse en la plantilla municipal, algo que ya ocurrió en 2014 con Jecomusa (Onda Jerez), asumiendo entonces el Ayuntamiento una deuda de 12 millones de euros y una plantilla integrada por 60 profesionales.
El portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, ya expresó igualmente su inquietud tras comprobar cómo la mayor empresa pública de la ciudad ha venido “multiplicando su deuda exponencialmente”, existiendo riesgo de que termine abocada a su disolución.
En ese contexto, el Gobierno local no ha dudado a la hora de mejorar las condiciones laborales de las plantillas que atienden los servicios de ayuda a domicilio, transporte urbano o mantenimiento del alumbrado público, con la firma de nuevos convenios que implican un mayor gasto pero garantizan paz social.
En un escenario previo a la disolución de la empresa y de incremento de los costes de personal –y lejos de acceder a ese esperado Plan de Equilibrio Financiero- los consejeros de la sociedad pública se encontraron hace apenas una semana con un consejo en el que según el PSOE pudieron cometerse diversas “ilegalidades”, como la apertura del expediente al gerente, cuando “cuando no es competencia” de ese órgano sino facultades “que se le asignan” al propio gerente “con la aprobación de la presidencia”.
Además, según los socialistas el Ejecutivo “pretende aplicar al gerente un procedimiento disciplinario del Estatuto Básico del Empleado Público”, algo que “no es de aplicación” al personal de las sociedades mercantiles “y tampoco a una persona que tiene un contrato de alta dirección”. También se cree “ilegal” que el consejo pueda delegar las facultades que se otorgan al gerente, una potestad que le queda reservada a su persona.
El Gobierno local “no ha medido las consecuencias” de esa medida, que a juicio del portavoz socialista podría “paralizar la gestión o el pago de las nóminas” de la empresa pública, lo que generaría “una crisis técnica de funcionamiento”.
Sea como fuere, el caso es que la gestión de Jaime Espinar al frente de la principal empresa pública de titularidad municipal está agravando su situación económica, habiéndose convertido en apenas unos meses en el principal problema al que debe enfrentarse el Gobierno local.
