Según ha explicado el alcalde, Diego Sánchez Rull, la decisión “supone aplicar la Ley de la Memoria Histórica y hace justicia histórica sin la intención de abrir ninguna polémica”.
La medida ha sido tomada directamente por la Junta de Gobierno y no requiere la aprobación del Pleno Municipal puesto que se trata de llevar a efecto una ley. Así lo ha señalado el primer edil, quien comenta que “no intentamos abrir brechas como en otras ocasiones se afirma desde el Partido Popular”.