El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha declarado nulas las bases del proceso de estabilización de la plantilla municipal que permitieron que en la legislatura anterior se promoviera una Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral.
Esa oferta, negociada por el anterior gobierno municipal con la mayoría sindical que representaba la CGT y el CSIF, incluía 911 plazas para el Ayuntamiento y otras 156 para las sociedades y fundaciones municipales y de algún modo abría la puerta al regreso de unos 70 afectados por el ERE de 2012, dado que la experiencia previa en la Administración local les situaba en posición ventajosa a la hora de cubrir aquellos puestos que quedaran vacantes.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, responde a la demanda presentada por una extrabajadora municipal, que causó baja el 30 de abril de 2014 y que tiene además una discapacidad del 35 por ciento reconocida desde septiembre de 2021. A esa demanda se allanaron posteriormente los sindicatos CCOO y UGT.
La primera causa que esgrime es la discriminación que observa en la valoración de la experiencia en la Administración local, ya que se otorgan 0,75 puntos por mes trabajado desde mayo de 2007 en adelante, mientras que antes de esa fecha solo se consignan 0,25 puntos por mes.
Pero además de este trato desigual, las bases no reservan al menos un 7 por ciento de las plazas a personas que padecen algún tipo de discapacidad, un agravio por el que reclama una indemnización de 25.000 euros que la sentencia rebaja a 6.261 euros.
El Gobierno local tiene ahora un plazo de cinco días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y tendría que culminar todo el proceso de estabilización antes del próximo 31 de diciembre, algo que a todas luces parece ya inviable tanto si recurre como si no lo hace, ya que no dispondría de tiempo material para negociar unas nuevas bases y promover un nuevo procedimiento.
Además, la reserva de al menos un 7 por ciento de las plazas para personas que padecen algún tipo de discapacidad cambiaría por completo todo el escenario, por cuanto implicaría que hasta 63 plazas tendrían que ser ocupadas por estas personas.
Este escenario dificulta sobremanera el regreso al Ayuntamiento de alrededor de 70 afectados por el ERE municipal de 2012, entre otras cosas porque muchas de las plazas que teóricamente podían ocupar tendrán que reservarse ahora a personas con discapacidad.
