En este sentido, Melero ha destacado que “al menos en San Roque, creo que es la primera vez que una comisión de investigación municipal acaba en los juzgados, y no porque haya alguien imputado, sino simplemente porque tenemos dudas y para que la Justicia dirima si hay asuntos penables”.
La constitución de la comisión de investigación sobre la denominada “caja B” se aprobó en Pleno de la Corporación en diciembre de 2008, cuando también se acordó que el edil y portavoz del PA en el Ayuntamiento, Manuel Melero, se encargara de presidirla. Desde entonces, han sido entrevistadas 16 personas, entre concejales en activo, ex políticos municipales, funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento. También se ha recopilado numerosa documentación, procedente tanto de órganos internos del Consistorio como de fuentes externas.
Melero ha señalado que “considero que con la presentación de esta documentación ante la Justicia finaliza mi labor como presidente de esta comisión de investigación. Estoy satisfecho en lo personal, porque creo que se ha llevado a cabo un buen trabajo, y quiero agradecer a todas las personas y entidades que han colaborado para llegar al final de este asunto”.
Explicó que “es cierto que en San Roque han existido antes comisiones municipales de investigación, pero es la primera vez que sus conclusiones se trasladan a los juzgados. En resumen, ha quedado constancia de que no existió responsabilidad de los funcionarios, porque su trabajo se guió siempre por las directrices que les daban los políticos responsables de la Delegación de Seguridad Ciudadana durante esos años. Eso sí, se han detectado irregularidades administrativas y ahora corresponderá a la Justicia decidir si también las hubo penales”.
“Tampoco quiero que parezca -añadió Melero- que me alegro de que algún político o ex político sea imputado penalmente por este asunto, pero como existen dudas al respecto, considero que es mi responsabilidad dejar toda la información recopilada en manos de los juzgados, y que sean ellos los que tomen las pertinentes decisiones. En cualquier caso, tengo que dejar constancia de que durante estos dos años de trabajo he procurado no interferir en ningún momento en la labor de Fiscalía”.
Según las conclusiones de Melero, queda demostrado que en la época 2000/03 se heredó “una situación irregular” en la Delegación de Seguridad Ciudadana: parte del dinero recaudado por los conceptos de retirada de vehículos por la grúa y de algunas denuncias se ingresaba en una caja auxiliar. Este dinero era usado, de manera muy esporádica, para cubir necesidades internas de la Policía Local (por ejemplo, compra de material), aunque legalmente está establecido que la recaudación debe pasarse íntegramente a los servicios económicos municipales.
Explicaba el concejal en su escrito que no está demostrado que esta situación se conociera en el Equipo de Gobierno, aunque sí lo supieron los distintos concejales de Seguridad Ciudadana, y que en el periodo 2000/2003 el responsable de dicha delegación no hizo nada para remediarlo.
Sin embargo, el titular de Seguridad Ciudadana en el periodo 2004/2008 sí observó que la situación podría ser irregular y la recondujo dando cuenta a los organismos fiscales municipales de todas las entradas y salida de dinero de la Policía Local.
Eso sí, Melero considera probado que durante esos últimos cuatro años que hubo una salida de vehículos multados sin abonar la tasa municipal “obedeciendo a directrices políticas”, lo que el presidente de la comisión piensa que podría ser constitutivo de delito. El concejal ha apuntado al respecto que “espero que, si la Justicia decide finalmente investigar estos hechos, las explicaciones a los mismos sean lógicas y no haya responsabilidad penal”.
