Los contratos se llevaron a cabo entre 1999 y 2000, tras la llegada de Juárez a la alcaldía como representante del GIL, aunque posteriormente renovó la alcaldía en el municipio bajo las siglas del PP.
Además de Juárez, el concejal Manuel Aguilera (PP), el ex concejal Alfonso González y dos trabajadores municipales comparecen como presuntos autores de sendos delitos de prevaricación. El Ministerio fiscal pide para todos los acusados la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por 10 años.
El Ministerio Fiscal considera que los contratos, firmados por el ex alcalde, se efectuaron sin seguir el procedimiento legalmente establecido para ello.
Fuentes próximas al caso han indicado que Juárez se remitió a los informes realizados por los técnicos municipales al ser preguntado por las contrataciones.
El juicio es resultado de una denuncia interpuesta por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, aunque posteriormente se retiró de la causa y ahora es un ex policía local, José Carrión, quien se presenta como acusación particular.