Esta solicitud se enmarca dentro del proceso de desmantelamiento de los centros universitarios que Cajasol lleva a cabo y que, en el caso de Algeciras, ha originado a numerosas concentraciones y protestas del alumnado y profesorado por la pérdida de puestos de trabajo y de estudios.
Base
El comité de empresa de la Escuela de Relaciones Laborales explica que su petición se basa en que Cajasol “ha utilizado una herramienta funcional sin personalidad jurídica, la propia escuela, como instrumento de interposición fraudulenta en los contratos de trabajo, al aparecer como empresario nominal cuando no tenía esa condición jurídica”.
Por ello, los representantes de los trabajadores argumentan que esto le ha servido a Cajasol para aplicar a esos trabajadores “condiciones laborales más desfavorables”.
Cierre programado
El comité acusa también a Cajasol de llevar a la Escuela a “un cierre programado y fraudulento” por “no haber implantado ni permitido” que se hiciera medida alguna para solventar la adecuación del centro a las exigencias del Plan Bolonia y sus consecuencias sobre los estudios universitarios.
Los representantes de la plantilla señalan que, por el contrario, ha ido “progresivamente descapitalizando de personal y recursos la citada Escuela hasta abocarla a la situación de pérdidas en que se encuentra en la actualidad”, y que, según dice, “sirve de justificación” para cerrarla.
Decreto
La Junta organizó ayer unas jornadas provinciales para “garantizar la participación ciudadana y sensibilizar sobre los problemas existentes relacionados con la calidad del aire” e “informar de las medidas que cada municipio deberá adoptar para reducir las emisiones contaminantes”.
Por ello, la sesión de ayer se dividió en dos partes. Por un lado se mantuvo un encuentro con ayuntamientos y otros organismos en los planes por su diversa contribución a los niveles de calidad ambiental. Por la tarde tomaron el escenario asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y grupos ecologistas.
La delegada añadió que una vez que se valoren estas aportaciones, el Plan se aprobará por decreto en Consejo de Gobierno, previsiblemente antes del verano.
El decreto prevé dos fases, incluyendo por un lado las medidas aprobadas por la Junta y por otro las medidas adicionales propuestas por los Ayuntamientos. Además, se busca como objetivo que el plan este siempre vivo, revisándose cada año las medidas propuestas.